El pasado mes de septiembre en la entrada “Un nuevo modelo de financiación de la universidad como palanca de mejora” comentábamos el documento “Instrumentos para una financiación eficaz de las universidades” de José Antonio Pérez García, gerente de la UPV, y Juan Hernández Armenteros, ex-gerente de la UJ, en el que proponían mejorar la gestión de nuestras universidades vía políticas de incentivos económicos enmarcados en unos modelos de financiación que serían una eficaz palanca de mejora y de cambio en nuestras conservadoras universidades.Valorábamos esta propuesta como interesante pero echábamos de menos que no hubieran analizado los modelos de financiación aplicados recientemente en distintas comunidades y que no se concretasen más las propuestas de futuro y los efectos de las políticas de precios y de becas que se han venido practicando.
En un nuevo documento titulado “Crisis fiscal, finanzas universitarias y equidad contributiva – Una reformulación del modelo de financiación de los usuarios de los servicios universitarios” estos dos mismos expertos repasan en primer lugar las decisiones adoptadas en materia universitaria por el gobierno Rajoy y proponen a continuación un modelo de contribución privado con equidad al gasto universitario.
En primer lugar destacan que las medidas adoptadas por el gobierno estos dos últimos años ocultan su verdadero alcance y dificultan el ejercicio responsable de la autonomía institucional y apuntan claramente a una reducción de la dimensión social de la Universidad so pretexto de atacar la ineficiencia en la asignación y uso de los recursos y de buscar alcanzar la estabilidad presupuestaria.
En dos años (2012-2010) las universidades han visto reducida su subvención autonómica en un 13,17% de media, con caídas de hasta un 48,3% en Castilla la Mancha y un 29,8% en Cataluña. A su vez, los fondos para investigación del Ministerio de Economía y Competitividad se han recortado un 45%.
Para compensar estas reducciones de financiación pública, que en más de un caso se iniciaron antes del año 2010 que los autores contemplan como referencia, se han ido dictando nuevas políticas de precios que han supuesto notables incrementos de las matrículas – hasta un 125% de incremento en Cataluña entre el curso 12-13 y el curso 10-11 – pero que apenas han cubierto un 25% de los recortes de la financiación aportada por los gobiernos autonómicos. En parte esto es debido a que los estudiantes – o sus familias – han tenido un comportamiento económico racional y han reducido los créditos matriculados sobre todo en las asignaturas que estaban repitiendo.
Estiman que lo que de verdad ha permitido reequilibrar los recortes de financiación pública ha sido el cambio de régimen de dedicación del profesorado que ha generado una capacidad adicional equivalente a nada menos que entre 10.200 y 13.300 profesores a tiempo completo permitiendo que las universidades no precisen reponer el profesorado que se jubila o renovar contratos de profesores asociados, algo que podría tener efectos negativos a medio plazo en la investigación.
La revisión por el gobierno de las condiciones de concesión de becas incrementando las calificaciones académicas exigidas es una clara ruptura con la trayectoria previa de incrementar el esfuerzo financiero público para avanzar en la igualdad de oportunidades y tiene un carácter marcadamente ideológico. Recuerdan estos expertos que todos los estudiantes universitarios sin excepción se benefician de un subsidio anual de alrededor del 80% del coste de sus estudios y que el ahorro logrado mediante estas medidas se sitúa entre 900 y 1.400 M año.
En la segunda parte del documento, los autores hacen una propuesta integral de financiación para los usuarios de los servicios docentes universitarios partiendo de la consideración de la educación universitaria como bienes público preferente, es decir de bien que se financia con fondos de todos puesto que presenta externalidades positivas para toda la sociedad, aunque muchos no puedan acceder a su consumo.
En su modelo de financiación privada con equidad los estudios universitarios se financian públicamente de forma inversamente proporcional a la “capacidad económica de cada familia”, capacidad que se definiría en 10 tramos de renta. Por ejemplo, una familia de 4 miembros recibiría una financiación de 5.000 euros para 60 créditos (los 5.000 euros representan el 100% del coste estimado anual de sus estudios) si tiene una renta familiar anual de menos de 19.775 euros. La financiación sería solo de un 45% del coste (es decir la familia pagaría una matrícula anual de 2.750 euros) si la renta familiar fuese por ejemplo de 70.000 euros. Además de esa financiación pública, los alumnos de medios económicos más favorecidos podrían recibir becas salario – tendría acceso a las mismas el 10% más pobre – o becas de desplazamiento o de material (el 40% más pobre) o becas de residencia y movilidad (el 50%), becas que, recuerdan los autores, fueron concebidas no como premio a estudiantes brillantes sin recursos sino para superar las limitaciones económicas de las familias y asegurar la igualdad de oportunidades dando acceso a los estudios.
El modelo integra también la noción de segunda y sucesivas matrículas. Así, por ejemplo, el estudiante que pertenece al colectivo más pobre pagaría el 25% del coste de la segunda matrícula y el 75% de las sucesivas, y el que pertenecía al otro colectivo (70.000 euros de renta familiar) pagaría el 75% de la segunda matrícula (era el 45% en primera matrícula ) y el 100% de la tercera y sucesivas. Estas ponderaciones incidirían también en las becas.
El rendimiento académico también se tendría en cuenta y se bonificaría a los alumnos por la vía de multiplicar el importe a pagar por un coeficiente que resulta de dividir la tasa de rendimiento de la titulación por la de rendimiento académico del alumno.
Este modelo exige también un cambio radical en lo que califican los autores como “laxa e incompleta normativa de permanencia y progreso en los estudios universitarios” en la mayor parte de las universidades públicas. El objetivo de la normativa de permanencia debe ser asegurar la corresponsabilidad del estudiante con la sociedad que coadyuva a financiar sus estudios. En ese sentido proponen que, con carácter general, los estudiantes a tiempo completo tengan la obligación de superar un 45% de la carga docente en las ingenierías y un 55% en las otras ramas en primer curso, y un 70% y un 80% respectivamente en los cursos siguientes. Cabe resaltar aquí un aspecto que no mencionan y es que, en muchas comunidades, las punitivas tasas aplicadas a las 3as y sucesivas matrículas constituye en sí misma una potente regulación indirecta de la permanencia y un incentivo a la responsabilidad vía precios.
En conclusión, los autores denuncian los poco medidos recortes presupuestarios a las universidades de los dos últimos años, que devendrán en un retroceso de la capacidad competitiva y en la exclusión de los estudiantes con menor poder adquisitivo, y el contraste entre la exigencia de eficacia y responsabilidad a los becarios mientras se mantiene la laxitud en las normas de permanencia para el conjunto de los estudiantes no becados, cuando todos gozan de una subvención que cubre la mayor parte del coste de sus estudios. Proponen un modelo con elementos interesantes pero cuya implementación concreta plantea numerosos incertidumbres: incremento de la carga de becas para el Estado en beneficio de las CCAA, necesidad de acuerdo de las CCAA, falta de equidad ¿puede ser equitativo este modelo que se apoya en un sistema fiscal que no lo es y en el que la economía sumergida tiene un gran peso?, evaluación presupuestaria de todos sus costes e impactos, consecuencia sociales al reorientar indirectamente a los estudiantes de las clases más pudientes a realizar sus estudios en el extranjero o en universidades privadas, o la difícil – o al menos no explicada – articulación de estas propuestas en colectivos como estudiantes comunitarios permanentes o en másteres.
Xavier Puente – 25 de febrero de 2014