En el marco del V Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público, foro en el que se viene incidiendo permanentemente en la necesidad de potenciar los mecanismos de control interno y externo y fomentar la transparencia exponiendo de forma clara y visible las cuentas de las instituciones públicas en sede electrónica, se ha celebrado hoy una sesión sobre Universidades en la que se han tratado diversas cuestiones de actualidad.
Mª Jesús Morales Caparrós, profesora de la U. de Málaga, ha hecho una presentación sobre “Indicadores, costes y tasas en la prestación de servicios públicos: el caso de las Universidades” en la que expone la experiencia del equipo de la Universidad de Málaga en el desarrollo de contabilidades analíticas en dieciocho universidades públicas españolas en colaboración con OCU (Oficina de Cooperación Universitaria).
Históricamente las universidades españolas han sido muy renuentes al desarrollo de contabilidades de coste ya que pueden poner de manifiesto problemas de gestión internos, y también por no disponer de software adecuado para alcanzar este objetivo.
La aprobación en la primavera 2011 por el Ministerio de Educación de un documento haciendo obligatorio un Modelo de Contabilidad Analítica ha impulsado la normalización de la información de costes facilitando su comparabilidad intertemporal e interespacial.
El objetivo que debemos proponernos es lograr la automatización de la contabilidad analítica de universidades a partir de los sistemas fuente tradicionales: RRHH, Económico, Patrimonial, Académico, Investigación, etc. para obtener unos informes periódicos normalizados, y otros puntuales de diverso tipo, con opción a ajustarlos a los distintos tipos de usuario.
La Prof. Morales ha detallado el funcionamiento del Modelo de Contabilidad Analítica, explicando las estructuras seguidas y el proceso de formación de costes a través de criterios de reparto y un esquema de trabajo tipo propuesto para la implantación de la contabilidad analítica en la universidad. A partir de ahí se va a obtener el coste de la formación reglada, la no reglada, la actividad de investigación y las actividades de extensión. En estos trabajos de implantación de contabilidad de costes las limitaciones que han existido en muchas universidades son la falta de integración de las aplicaciones informáticas que dificulta su tratamiento automatizado, la insuficiente desagregación de la información (según el Modelo del Ministerio cada centro de coste debe tener adscripción de personal y de inventario, y orgánica propia), y problemas en cuanto al seguimiento de las dedicaciones de personal, persona a persona con su carga docente, para aplicar la regla 23 del Modelo.
Alejandro Suarez de ATD Auditores ha expuesto “Análisis comparativo de las estructuras de costes de las universidades públicas españolas, su dependencia de los recursos públicos y la insuficiencia de los ingresos por precios públicos”
Señala que la reciente regulación de tasas ligándolas a costes sitúa un nuevo panorama en materia de ingresos de la universidad pública. Partiendo del análisis de las cuentas 2010 de 45 universidades públicas se ve que el 60,2 % de los gastos son de personal (Capítulo 1) y representan el 94,3% de los ingresos corrientes por subvenciones de las CCAA. Los gastos corrientes suponen un 14,5% de las obligaciones.
El coste corriente por estudiante ronda los 9.200 euros / año, de los que el 77,2% corresponde a gastos de personal, si bien con una fuerte dispersión ya que el coste por alumno va de menos de 8.000 euros/año en Castilla Leon, Extremadura o Andalucia, a cerca de 12.000 euros /año en Navarra, Cataluña y Castilla la Mancha, algo que se explica en buena medida por los bajos ratios de alumnos por docente en estas comunidades (en torno a 7 alumnos por docente).
Los ingresos por aportaciones de estudiantes representan el 11,3% de los derechos reconocidos netos por las universidades, las transferencias corrientes el 67,5% (financiando 12.700 euros por estudiante / año en Cataluña y sólo 6.200 euros /año en Galicia) y los ingresos procedentes del sector privado suponen sólo el 4% de los ingresos totales.
En este contexto y ante las restricciones en las transferencias corrientes por las CCAA es previsible que crezcan las dificultades financieras para las UUPP en el futuro.
Ante esta nueva situación, las posibilidades de ajuste de las universidades son:
– Por el lado de los gastos, existe una fuerte rigidez de los gastos, que se concentran en buena medida en los gastos de personal. Eso implica que hay que actuar sobre los mismos:
- o Revisión a la baja de la oferta docente suprimiendo titulaciones con baja demanda
- o Amortización de plazas de PDI y PAS
- o Restricción de contrataciones excepto supuestos de cobertura por subvenciones finalistas
- o Renegociación de contratos vigentes de gasto de Cap II
- o Implantación de procedimientos de control del gasto
- o Empleo de centrales de compra
– Por el lado de los ingresos, al ser fuertemente dependientes de las aportaciones de las CCAA y ante la evolución de éstas, lo más operativo es operar sobre:
- o Aumento de tasas y precios públicos
- o Búsqueda de ingresos privados (investigación y patrimoniales)
D. Nicolás Sánchez, de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, expone “Precios Públicos universitarios: régimen jurídico y propuestas de reforme” en la que destaca que el servicio de educación universitaria es voluntario y no obligatorio, que también es prestado por universidades privadas y que los precios en las universidades públicas no cubren sus costes. Recientemente se han reformado los criterios de fijación de precios elevado sus costes y ligándolos a los resultados de los alumnos. Esta reforma va en su opinión en el buen sentido pero deben adoptarse ciertas salvaguardas que expone en detalle.
Cristina Roncal de la UPN, expone “Ingresos por Investigación en universidades: ¿Indicadores comparables?” Partiendo de un ejemplo concreto señala que la variable principal de comparación de ingresos de investigación son los derechos reconocidos por investigación de cada investigador. Por ello, es importante ver cuáles son los criterios aplicados en su contabilización.
Esos ingresos vienen vía A.83, en los que el reconocimiento del derecho de cobro nace en el momento de emisión de la factura, o vía subvenciones en las que el derecho exige la materialización del cobro. Pero, en ocasiones, se reconoce anticipadamente el derecho si el posterior ingreso esta suficientemente acreditado, o cuando hay anticipos internos de fondos. Esto conduce a un reconocimiento de ingresos en periodos inadecuados porque los trabajos se podían estar produciendo en ejercicios posteriores. Esto además afecta al Remanente de Tesorería afectado y a la comparabilidad entre universidades en la medida de la eficiencia de gestión de la investigación.
D. Rogelio Cuairán, del Centro Universitario de la Defensa, expone la necesidad de un Informe Sistemático Económico Financiero periódico para las universidades públicas que sea sencillo y comprensible y que facilite el trabajo de los órganos de dirección. Este modelo, impulsado desde la Conferencia de Consejos Sociales, se sustenta en un excel que sigue 48 indicadores estáticos y dinámicos que se visualizan con su evolución en los tres últimos ejercicios y que integran unas alertas en colores. Las cuatro áreas seguidas son tesorería, presupuesto, patrimonial e ingresos o gastos por alumno.
En turno de preguntas se destaca la importancia de desarrollar contabilidades de costes completas en los proyectos de investigación controlando el reconocimiento correcto de derechos y de obligaciones y son un cálculo de remanente completo.
Se expone igualmente la necesidad de calcular los costes indirectos de investigación con rigor, algo que en parte se podrá resolver vía el modelo de contabilidad analítica del Ministerio puesto que éste integra la imputación de costes de espacios, amortización de equipos, vicerrectorados y unidades de investigación y otras unidades de soporte, etc.
Xavier Puente – 22 de noviembre de 2012