En vísperas de conocer las conclusiones de la “Comisión de sabios” y saber algo de la “reforma Wert de las universidades”, es interesante conocer el alcance de algunas recientes reformas de la gobernanza de las universidades en otros países europeos.
Higher Education Management and Policy Public publicó el pasado enero un interesante estudio Comparing Higher Education Reforms in Finland and Portugal,different contexts, same solutions? (“Comparación de las reformas de Educación Superior en Finlandia y Portugal: contextos diferentes, ¿soluciones idénticas?) en el que se presentaba un análisis comparativo de las recientes reformas del gobierno de las universidades en Finlandia y Portugal contemplando el papel jugado en las mismas por la OCDE, el ENQA (European Network of Quality Assurance in Higher Eduaction) y el Banco Mundial.
En 2006 el gobierno portugués solicita a la OCDE y al ENQA que revisen el sistema universitario con el fin de reformarlo y adaptarlo al modelo de Bolonia. Entre las recomendaciones de estas instituciones destaca la revisión del marco organizativo y jurídico de las universidades, asimilándolas a fundaciones privadas con financiación pública en las que los trabajadores pierden el régimen funcionarial. En 2007 fue aprobada una ley de reforma universitaria rechazada por la oposición y por la mayor parte de los actores del sistema universitario que veían en ella el riesgo de que las universidades se vieran sometidas a intereses privados puesto que, en su opinión, la financiación pública iría disminuyendo y se crearían modelos de gobierno con orientación unipersonal (más poder al Rector) que reducirían el poder de los órganos colegiados. Además, al ser fundaciones privadas, las universidades tendrían plena autonomía para seleccionar a sus estudiantes y en materia financiera (endeudarse, vender patrimonio, etc.) y de personal (contratar y despedir, fijar condiciones de trabajo y sueldos).
Tras la reforma, las universidades que optan por este modelo fundacional pasan a ser dirigidas por un Conselho de Curadores de 15 a 35 miembros designado por el Gobierno, de los que un 30% no pertenecen a la Universidad. El Conselho elige al Rector mediante voto secreto.
Otro cambio relevante es que se sustituye alguno de los órganos colegiados existentes previamente por Consejos de Gestión que asumen todas las competencias en materia económica y de personal.
Como complemento a estas reformas, se establece un modelo de financiación plurianual (mínimo de tres años) en base a indicadores.
En el caso de Finlandia, la reforma legal de 2009 transforma las universidades en entidades legalmente independientes y establece un nuevo sistema de gobierno compuesto por Consejo, Rector y Claustro. El Consejo está compuesto por 7 – 14 miembros elegidos por un Claustro de un máximo de 50 miembros del PAS, PDI y estudiantes. El Consejo, con un 40% de los consejeros ajenos a la Universidad, el otro 60% lo integran PAS, PDI y estudiantes, elige a un Rector que ejerce el poder ejecutivo -y que responde ante él.
Los autores del estudio resaltan que las recetas de la OCDE fueron casi idénticas para los dos países aunque los diagnósticos respecto a los problemas las universidades de Finlandia y Portugal eran muy diferentes. No saben si esta coincidencia en la receta debe atribuirse a una posición doctrinal previa o a las sugerencias recibidas de los propios gobiernos que habrían hecho un uso político de la institución, sospecha que probablemente se repetirá con las próximas conclusiones del “Comité de sabios” de Wert.
Mientras la OCDE reprochaba a las universidades finlandesas su falta de espíritu empresarial, en el caso de Portugal criticaba la ausencia de planificación estratégica, de espíritu de innovación y de respuestas flexibles y adaptadas a las necesidades de su entorno. Para ambos países ofrecía recetas que se inspiran en la aplicación de prácticas propias del sector privado como crear un poder ejecutivo más fuerte y más centralizado, tendencia que también se ha apreciado en un estudio reciente referido a los efectos de las recientes reformas en Francia , y eliminar el régimen funcionarial y sustituirlo por uno laboral. Sin embargo, hubo algunas diferencias importantes en las recomendaciones de la OCDE puesto que mientras que en Finlandia no se opuso a mantener un sistema de gratuidad, en Portugal propuso el incremento de las tasas universitarias.
Xavier Puente – 28 de septiembre 2012