En estas noticias universitarias de julio de 2012 hablamos sobre: Crecen los enanos: las anulaciones de prejubilaciones y concursos; Caída de la demanda de estudios de grado en Madrid; Nuevos precios de los másteres madrileños; Endurecimiento de los requisitos de las becas universitarias; Importante contribución de las universidades británicas a la economía nacional; La deuda del Parc Cientific penaliza a la UB; CiU propone cambiar el gobierno de las universidades; Nuevos documentos de la Comisión Europea Fostering and Measuring ´Third Mission´ in Higher Education Institutions  y Scientific Information in the Digital Age

Crecen los enanos: las anulaciones de prejubilaciones y concursos

Según informaba el diario El Pais, si los rectorados no “anulan” todas las convocatorias de concursos de catedráticos y titulares  publicadas en 2012 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Hacienda interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra dichas convocatorias. En esta situación se encontraría al menos una docena  de  universidades públicas según la CRUE. Este aviso a navegantes es consecuencia del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria (enlazar EL ARTICULO DE tOMAS)  que prohíbe durante 2012 la incorporación de personal nuevo en el sector público y establece una tasa de reposición del 10% para los cuerpos de personal docente e investigador de las universidades. Afecta con seguridad a cientos de plazas convocadas materialmente en 2012 de  catedráticos y titulares de Universidad. Cuestión diferente serían aquellas plazas cuya convocatoria se inició en 2011 aunque esa convocatoria se materialice en 2012.

En relación con la posible impugnación de la convocatoria de plazas de cuerpos docentes por Universidades se plantean varias cuestiones que merecen una reflexión. Por un lado la referida al plazo para impugnar los actos administrativos expresos, de dos meses desde su publicación, previsto en el artículo 46.6, en relación con el artículo 44, ambos de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así, para aquellas Universidades que hubieran publicado la convocatoria de las plazas hace más de dos meses, esta vía habría quedado cerrada por razón del tiempo transcurrido. Otra cuestión es el  cuestionamiento de la legitimación de la Administración del Estado para ejercer esta acción impugnatoria, toda vez que las competencias en materia de educación universitaria están transferidas a las Comunidades autónomas. Parecería que las comunidades autónomas hacen gala de pasividad lo que podría llevar a la inadmisión de los recursos del Estado y la pérdida, por el transcurso del plazo de dos meses, de la posibilidad de actuación autonómica. También es posible que, en estos convulsos momentos, el Estado o las Comunidades acudan a vías de presión más efectivas y rápidas para lograr estas anulaciones.  Para el futuro ya se han anunciado cambios en la legislación para tipificar penalmente irregularidades con transcendencia económica de responsables del sector público.
Por si esto fuera poco, se ha abierto otro frente, esta vez desde el Tribunal de Cuentas, relativo a las prejubilaciones. En una entrada reciente en su excelente blog Fiscalizacion.es, Antonio Arias, señalaba que nada menos que 33 universidades públicas estarían en falta al haber acometido procesos de prejubilación de personal docente escasamente fundamentados y sin soporte legal adecuado, que afectarían a 1.466 profesores con un coste superior a los 43 M de euros. Los tiempos que corren no son favorables a pasar por alto este tipo de situaciones y la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para determinar si existen responsabilidades contables como consecuencia de estas normativas, algo que puede afectar a rectores, consejos sociales, etc. además de a los propios beneficiarios. En este contexto muchas universidades han paralizado los nuevos procesos de este tipo y algunas han suspendido cautelarmente los pagos.

Aquí estamos ante una situación compleja y que reviste caracteres muy variados en la treintena de universidades afectadas como se puede ver en esta noticia que refleja posiciones contradictorias en las universidades valencianas .

Se propone ahora un cambio de condiciones, revocar la decisión voluntaria de jubilación anticipada, en la que los afectados y proponentes actuaron de buena fé, y no parece que haya cauce para el reingreso del profesor al servicio activo hasta el cumplimiento de la edad de jubilación y que se suspendan las correspondientes prestaciones que está recibiendo desde los sistemas públicos de previsión o desempleo. Por otro lado, ante la imposibilidad de lo anterior, podría darse un supuesto de responsabilidad patrimonial en que incurrirían las Universidades  en su condición de administraciones públicas y que podrían exigir los jubilados por el importe de las cantidades dejadas de percibir a resultas de la supresión de las condiciones de fomento de la jubilación. A su vez algunos plantean incluso la opción contraria, que fuesen las universidades las que reclamasen a los beneficiarios lo percibido de más y que éstos permanecieran en su situación de prejubilación.

Caída de la demanda de estudios de grado en Madrid

Este año cincuenta mil nuevos estudiantes han solicitado la admisión el próximo curso en las universidades públicas madrileñas, cerca de un 4,5% (dos mil trescientos) menos que el año pasado. La caída ha sido importante en Alcalá (UAH ) con una pérdida de 1056 solicitudes (-13,8%) y en la Complutense (UCM) con una pérdida de 711 (-5,1%).

Aunque en este momento se carece de datos sobre la matricula definitiva y es difícil determinar las causas de esta caída, algunos expertos apuntan al paro y al empeoramiento de la situación económica del país y a la subida de las tasas en Madrid (un 40% de incremento) como los motivos probables.

El nuevo contexto económico y de tasas parece que también incide en el tipo de demanda de estudios. En algunas universidades se ha señalado que los futuros estudiantes optan cada vez más por los grados que ofrecen mejores salidas laborales y por titulaciones  generalistas, como las de Ingeniería Industrial, Derecho, Economía o ADE, que pueden conducir a un amplio abanico de profesiones. En estos estudios destacan Politécnica (UPM ) y  Carlos III (UC3M), esta última con las notas de corte más altas de Madrid en 17 titulaciones, la nota media de los solicitantes más alta –  10,074 – y un 32% de solicitudes de fuera de la Comunidad.

Otro elemento significativo, es que se ha comenzado a observar un cambio en las pautas de matriculación de de los estudiantes que se encuentran ya matriculados desde años anteriores. Para el próximo curso optan con mayor frecuencia que antes por matricularse en menos asignaturas para asegurar resultados y no incurrir en el costosos pago de segundas o posteriores matriculas. El fenómeno es visible en las titulaciones técnicas y con mayor experimentalidad, pero puede que se extienda en el futuro al resto de titulaciones.

Nuevos precios de los másteres madrileños

Hace unas semanas comentábamos en estas páginas el nuevo coste de los grados en Madrid. 

El 30 de julio, con un retraso que sin duda no es muy propicio para los potenciales interesados dado el importante incremento del coste de matriculas propuesto, la Comunidad de Madrid ha establecido los precios para los másteres oficiales en el nuevo curso 12-13.

Para los másteres no habilitantes el importe de los precios públicos para el próximo curso 2012-13 será del 50 por ciento del coste en primera matrícula, y en ningún caso el importe del crédito podrá ser inferior a 65 euros, lo que sitúa el precio mínimo de estos másteres en 3.900 euros en el caso de un máster de 60 ECTS. Esto supone incrementar un 151% en algunos casos  el coste de los másteres oficiales puesto que en el curso recién terminado el coste del ECTS iba de 25.89 a 32.83 euros, salvo en algunos másteres de precio diferenciado.

Ahora las universidades públicas madrileñas deben fijar los precios concretos en cada uno de estos estudios de posgrado a partir de estos mínimos. El Real Decreto 14/2012 del Ministerio de Educación dispone que en el caso de los másteres no habilitantes, los precios públicos deben cubrir entre el 40 y el 50 por ciento de los costes en primera matrícula, y entre el 65 y 75 por ciento de los costes a partir de la segunda matrícula. En el caso de los másteres que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales en España (másteres habilitantes), los precios públicos deben cubrir entre el 15 y el 25 por ciento de los costes en primera matrícula. Aunque los precios pueden variar por universidades, como referencia se puede señalar que, en los másteres que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales, los precios públicos serán de 35 euros por crédito en primera matricula en el caso del Máster universitario en formación del profesorado de ESO, de 43 euros por crédito en los másteres en Ingeniería Industrial o en Ingeniería de Telecomunicación, o de entre 35 y 75 euros por crédito en el máster universitario para el acceso al ejercicio de la abogacía.

Es importante resaltar que el marco de becas madrileño para este tipo de estudios no ha quedado claro, algo que sin duda dificultará el acceso a ciertos colectivos atentando contra el principio de igualdad de oportunidades. Esto, unido a la rapidísima subida de tasas  y a lo previsto en cuanto a los estudiantes no comunitarios, para los que el Decreto prevé que las universidades podrán cobrar hasta el 100% del coste, supondría llegar a 7.800 euros para un máster de 60 créditos, lo que va a significar que muchos másteres oficiales – y entre ellos muchos de investigación – pueden encontrarse con importantes caídas en su demanda, poniendo en peligro su continuidad.

Endurecimiento de los requisitos de las becas universitarias

Con el objetivo explicito de aumentar el rendimiento académico y un probable efecto de reducir el gasto en becas del Ministerio, la nueva normativa de becas para estudios de grado y posgrado supone un mayor nivel de exigencia en el curso 12-13, exigencia que se acentuará en el curso 13-14.

Con carácter general se ha dispuesto que los alumnos que no superen al menos el 50% de los créditos matriculados en el curso en el que han sido becados, deberán devolver el importe de la beca excepto las tasas académicas.

Los  alumnos de nuevo ingreso en Grado deberán matricularse en un mínimo de 60 ECTS (sin que computen  los créditos reconocidos o convalidaciones) y haber obtenido un mínimo de 5,5 puntos en  la fase general de las pruebas de acceso, mínimo que en el curso 13-14 pasará a 6,5.

Los alumnos que ya cursaban estudios de Grado deberán haberse matriculado como mínimo de 60 ECTS y haber superado el curso anterior un mínimo de un 65% en Grados de ramas de Ingeniería y un 90% en ramas de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales en el caso de beca general y un 85% y 100% respectivamente en el caso de beca de rendimiento.

Pero para 13-14 la exigencia va a aumentar para la beca general y pasará un mínimo de un 65% en Grados de ramas de Ingeniería con nota mínima de 6 (o haber aprobado el 85% sin requisito de nota ) y un 90% en ramas de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales con nota mínima de 6,5 (o haber aprobado el 100% sin requisito de nota) en el caso de beca general y un 85% y 100% respectivamente en el caso de beca de rendimiento.

Para los nuevos alumnos  de Máster la beca general exige haber obtenido una nota media de:
– 6,50 puntos en los estudios que dan acceso al máster.
– 6,00 puntos para másteres que habilitan para el ejercicio de una profesión

Importante tribución de las universidades británicas a la economía nacional

Según un reciente informe de HEFCE,  el valor de los servicios aportados por las universidades británicas a la sociedad alcanzó los 3.300 M de libras en 2010-11.

En dicho curso las universidades han jugado un importante papel de difusión de nuevas iniciativas empresariales, ya que tenían 1.262 “spin offs” (en su mayor parte, 999, con más de tres años de antigüedad) que empleaban a dieciocho mil personas con una facturación de  2.100 M libras. Además ese año, las universidades apoyaron con asesoramiento e instalaciones a tres mil nuevas empresas creadas por jóvenes graduados.

El papel de las universidades es también muy relevante en la comercialización del conocimiento, el desarrollo de productos de innovadores, la formación profesional continua dirigida principalmente a empresas  (606 M de libras), la prestación de servicios de investigación (1.925 M), la consultoría (370 M)  y la comercialización de patentes que ha crecido en el último año un 3% alcanzando los 47,5 M de libras, habiéndose registrado 2.256 patentes y comercializado 757.

La deuda del Parc Cientific penaliza a la UB

La deuda de 110 millones de euros del Parc Científic de Barcelona (PCB), avalada por 60 M de euros por la Universidad de Barcelona (UB), lastra las cuentas de la universidad según informó recientemente su Rector Dídac Ramírez en su informe de gestión ante el claustro de la universidad y supone un riesgo para la misma si no se cierra correctamente un Plan de Viabilidad del PCB.

La UB, una de las universidades españolas que ofrece mejores resultados en los rankings internacionales, ha sufrido recortes cercanos al 25 % en su financiación pública en los últimos años, lo que ha generado tensiones de tesorería si bien «está en condiciones de garantizar los pagos de salarios de forma regular» según ha informado su Rector.

CiU propone cambiar el gobierno de las universidades

CiU ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta a propiciar que las universidades, en base a su propia autonomía universitaria y en el respeto de las competencias autonómicas, puedan mejorar sus propios modelos de gobernanza.

En la iniciativa, que no se tramitará como ley, propone que el gobierno impulse un proceso de diálogo, con la máxima implicación de las universidades, para estudiar y abordar las reformas necesarias en el sistema de gobierno universitario. Además de la actualización de las estructuras organizativas y direccion de las universidades, solicita que se proceda a revisar la oferta académica con objeto de adecuarla a la demanda y orientarla a la calidad, y que se fomente la movilidad del profesorado.

Los nacionalistas catalanes también desean que se dote a las universidades de mayor autonomía para la captación y contratación de talentos y que se creen nuevas vías de colaboración entre la universidad y la empresa para garantizar la efectiva transferencia del conocimiento al tejido productivo y facilitar la formación universitaria orientada a la actividad laboral.

Las propuestas de CIU coincidirán en líneas generales con las que probablemente aprobará el comité de sabios este otoño. Queda por ver lo más importante: la letra pequeña de las normas que posteriormente se aprueben.

Nuevos documentos de la Comisión Europea

La Comisión Europea acaba de publicar dos interesantes documentos.

En el “Green Paper”  Fostering and Measuring ´Third Mission´ in Higher Education Institutions se intentan definir vías prácticas para promover esa misión de las universidades y generar cauces eficaces de colaboración con la sociedad. El informe analiza la evaluación y mejora de la Tercera  Misión de las universidades en el marco del proyecto E3M sobre indicadores de esa Tercera Misión, para mejorar la eficacia y calidad de los sistemas de educación superior, incrementar su contribución a la sociedad, crear un auténtico EEES y promover la excelencia haciendo visible la actividad de servicio a la sociedad y a la industria de las universidades.

Scientific Information in the Digital Age publica los resultados de una encuesta a más de un millar de expertos  en 42 países (aunque con un excesivo peso de respuestas alemanas) relativa al acceso a la información científica en la era electrónica. Los encuestados han subrayado su deseo de que se mejore el acceso a publicaciones y bases de datos científicas en Europa, formulando políticas en dicha materia a nivel europeo y desarrollando una red europea de información. Como obstáculos para lograr estos objetivos se menciona la ausencia de financiación para desarrollar y mantener las infraestructuras adecuadas, la ausencia de políticas y estrategias nacionales y regionales en esta materia y la carencia de incentivos para los investigadores. En cuanto a la conservación de esta información, se apunta a problemas ligados a la ausencia de responsabilidades claras en este terreno, dificultades en la conexión entre repositorios y diferencias en los regímenes jurídicos aplicables a los resultados científicos.

 

Xavier Puente – 31 de julio de 2012