En el bello entorno del Campus Tecnológico de Fábrica de Armas de Toledo de la Universidad de Castilla la Mancha se celebró ayer  la III Jornada de Estabilidad Presupuestaria en Universidades  cuyo objetivo es, como en las dos sesiones anteriores celebradas en la Universidad Politécnica de Cartagena y en la Universidad Carlos III de Madrid, profundizar en el estudio de los diversos aspectos de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y analizar las singularidades de las universidades en esta materia.

En la presentación inicial de inauguración de la Jornada, Ángel Antonio Algarra Paredes, Consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas, destaca que los elementos de estabilidad presupuestaria (límite de gasto, liquidación sin déficit…) y los de eficiencia en su actividad, racionalización y austeridad en el gasto en especial en gastos de personal, serán tratados en el Informe sobre fiscalización de la universidad pública española 2012 que está elaborando el Tribunal de Cuentas, cuya publicación está prevista el próximo mes de septiembre. El Informe pondrá de manifiesto el esfuerzo de las CCAA en la financiación de las universidades e incidirá en la idea de que las universidades no pueden apartarse del cumplimiento de la normativa legal en nombre de la autonomía de la universidad, como por ejemplo en cuestiones tales como ayuda social, límites de retribuciones, prejubilaciones, etc. Afirma también que el Tribunal está haciendo un especial esfuerzo para que sus informes se emitan en plazo y sean útiles y comprensibles.

A continuación Arturo Romaní Sancho, Consejero de Hacienda de la Junta de Castilla la Mancha, expone el carácter modélico de Castilla la Mancha en la lucha contra el déficit y algunas medidas adoptadas como el registro de facturas enlazado con las aplicaciones contables, el control mensual de la cuenta 409, deudas por facturas en cajón o sin consignación presupuestaria, el replanteamiento de la forma en la que se elaboran los presupuestos y otras medidas de reorganización más de fondo.

En un primer bloque de intervenciones referido a La financiación de la investigación, José Julián Garde López-Brea, Vicerrector de Investigación y Política Científica, UCLM, afirma que la actividad investigadora viene recibiendo menos fondos públicos en los últimos años en España y que se ha visto afectada por numerosos cambios normativos que inciden a veces muy negativamente, sobre todo en las universidades muy investigadoras, como  la tasa de reposición de personal, el tratamiento de la estabilidad en materia de investigación, etc. Angel Pazos Carro, Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento, UNICAN, afirma que el discurso político de apoyo a la investigación no se ajusta a la realidad puesto que no se traslada a presupuesto. O se opta por financiar y regular – interna y externamente – la investigación como se financia y se regula en los países donde la investigación es potente o se opta por otra cosa, que es lo que hacemos. La realidad es que las CCAA financian a las universidades por su docencia y que las universidades internamente tampoco tienen claro el modelo de financiación de la investigación. Por eso en los presupuestos universitarios no hay prácticamente partidas específicas destinadas a investigación y la investigación vive de lo que capta de financiación pública competitiva y financiación contratada. La investigación merece una financiación suficiente, finalista y estable; es precisa una financiación previsible, sin cambios normativos, con normas adaptadas a lo que es la actividad de investigación, no como la propia Ley de subvenciones que es incompatible con la investigación en numerosos aspectos, con convocatorias con calendarios en plazo y no con retrasos incomprensibles año tras año. En el caso de la U. Cantabria el recorte de la financiación captada ha sido de cerca del 75% en la financiación competitiva de investigación en los últimos tres años, la caída en la financiación contratada ha sido muy inferior, en torno al 20%, y cuando se puede acudir a financiación competitiva europea se ha demostrado que se puede hacer bien y se han incrementado de forma importante los fondos captados. Por otra parte, hay un debate interno importante y es que, al no recibir una financiación estable fija para investigación, los overheads deben imputarse a la propia universidad que no dispone de recursos que pueda asignar a soportar  gastos o estructura asociada a investigación. Sobre este último punto coincide Manuel Adolfo González Lena, Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Extremadura, si bien destaca que apoya la normativa aplicada su universidad que revierte 2/3 de los overheads a los investigadores para que puedan atender gastos que no pueden imputar a proyectos.

Jose María Ocón y Alcoceba, Subdirector General de Fondos Europeos para la Investigación en el MINECO, hace referencia al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y a las 13 actuaciones plurianuales de la DGCIT en Programas en 2013 con 485 M en subvenciones y 320 M en préstamos. Recuerda los frecuentes cambios de dependencia de la actividad de investigación en el Estado en la última decena de años lo que plantea problemas continuos y adicionales de gestión y también de financiación a los grupos de investigación.

Se inicia un debate sobre los préstamos para investigación, que en muchos casos iban a ser asumidos por los gobiernos regionales pero que no cumplen esos compromisos. Esto se traduce ahora en fuertes restricciones a estas modalidades desde las universidades. Lo mismo sucede en algunos casos con los Inpacto que son recortados desde las propias universidades que desean ser muy selectivas y evitar asumir riesgos y nuevos compromisos. También se incide en el problema de los Feder con  retrasos de pagos y de conversión en subvención de los anticipos recibidos. Finalmente se apunta a la incoherencia que supone que desde el Ministerio de Economía se impulsen políticas de préstamos a las universidades que las hacen incurrir en déficits presupuestarios y en incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.

A continuación se aborda un segundo bloque de cuestiones referido a los ingresos por tasas y precios públicos. Carmen Pérez Esparrells, Vicerrectora de Innovación en la UAM, recuerda el marco normativo y que el RD 20-2012 señala que los precios públicos (matrículas) se establecerán en función del coste de prestación del servicio. Así se ha pasado de un modelo incrementalista basado en una inercia en los precios públicos, con subidas en torno a IPC, a un modelo basado en el coste de prestación del servicio, algo que exige una contabilidad analítica. Además de las subidas de tasas por las CCAA desde entonces, hemos asistido a cambios políticos de los niveles de experimentalidad del grado – alguna eliminando incluso el concepto – en muchas CCAA – y la relación  experimentalidad máxima / mínima varía mucho de un lugar a otro. En el caso de master oficial sucede lo mismo. Estos cambios se están produciendo de forma vertiginosa. Al combinar la elevación de tasas y variaciones en experimentalidad, dos CCAA – Madrid y Cataluña – han subido mucho los precios públicos en los cuatro o cinco últimos años pero, en realidad, esto no se ha traducido en más dinero en sus universidades porque buena parte de la subida se ha compensado con caídas en el número de créditos matriculados y, sobre todo, porque en paralelo estas CCAA han reducido drásticamente sus subvenciones a sus universidades públicas.

El logro de la estabilidad presupuestaria y de la eficiencia está en peligro en Madrid debido a las importantes reducciones de la subvención nominativa, reducciones que no se han visto compensadas por la subida de tasas. Además aumentan los desequilibrios interterritorial, diferencias de más de 200% en la cuantía de las matrículas entre CCAA, e interpersonal, un estudiante de Madrid o Cataluña paga mucho más que uno andaluz o extremeño, del orden de 1600 euros más cada año en el caso de estudios de medicina.

Por eso han caído notablemente los presupuestos iniciales y liquidados de las universidades madrileñas. En UAM el presupuesto inicial ha pasado de 315 M en 2009 a 248 M en 2014. Esto no permite asegurar la estabilidad ni la eficiencia y afecta  a la sostenibilidad del sistema y a la posibilidad de competir internacionalmente de las universidades públicas madrileñas.

Entre los efectos de las subidas de las matrículas en Madrid se ha observado lo siguiente:

–          No ha afectado sensiblemente al número de estudiantes, pero si a los créditos matriculados: los estudiantes se piensan más las matriculas por el fuerte incremento de los precios de 2ª y 3ª matricula. Los créditos matriculados han caído probablemente del orden del 15 o 20% en Madrid

–          En paralelo se han dictado nuevas normas de permanencia, más duras, en UAM que tienen el efecto de mejorar la eficiencia del sistema pero con menos créditos matriculados

–          La generación de talento se ve afectada, con problemas específicos como los precios exorbitantes de algunos másteres de investigación, la caída de  estudiantes en másteres…

Y con estas políticas nos alejamos de Europa: en Europa la financiación pública a la universidad supone de media el 73% de su financiación según los estudios de la EUA referidos a las mejores universidades europeas, ya analizados en estas páginas, mientras que en UAM – como en otras madrileñas – solo es del 57%.  En cambio  los alumnos contribuyen con el 9% mientras que en UAM lo hacen con el 17% en 2014. Esta divergencia respecto a las políticas seguidas en las mejores universidades de Europa y el rápido cambio de estos últimos tres años nos obliga a preguntarnos si el camino que se está siguiendo es el correcto.

A continuación se expone una experiencia en torno a la cofinanciación comunitaria. Manuel Villasalero Díaz, Vicerrector de Economía y Planificación en UCLM; recuerda que  la UCLM ha tenido tres planes de ajuste consecutivo: en 2011 ha reducido 10 M en gastos ejecutados, en 2012 ha reducido 21 M en gastos y ha incrementado 11 en ingresos (sin tener en cuenta las subidas de tasas que no dependen de ella) y en 2013 ha aumentado 21 en ingresos y no ha reducido casi gastos. En conjunto se ha hecho un ajuste de 64 M que se ha hecho prácticamente vía por mitad en reducción de gastos y la otra mitad vía incremento de ingresos. Esto ha sido en parte posible gracias a un instrumento muy útil como han sido las financiaciones Feder por 10, 6 M en 2012 y 20,3M en 2013 y al innovador régimen de organismos gestor Feder – además de beneficiario final -que ha adoptado la universidad y que ha aplicado a sus actividades ordinarias: institutos de investigación, bibliografía, equipos de investigación, patentes, movilidad de investigación… porque esas actividades son elegibles en esos programas. Las universidades son buenas gestoras de las justificaciones y UCLM ha instrumentado los convenios y manuales de procedimientos correspondientes gestionando alrededor de 5.800 expedientes contables y 7.000 pagos y todo ello sin ningún problema de auditoría y justificación, lo que constituye una experiencia muy positiva que puede ser muy útil para otras universidades y CCAA.

Anatolio Alonso Prado, Subdirector General de Administración del FEDER del  MINHAP expone algunos aspectos de interés para las universidades públicas en relación a la cofinanciación de Feder y el cierre del programa Feder 13-15. Destaca que los gastos deben realizarse y pagarse hasta 31.12.15 y que en algunos programas vinculados a investigación el Ministerio va a solicitar prórroga y es posible que haya seis meses más de ejecución aunque no hay seguridad de que se conceda. Por otra parte para el periodo 2104-2020 están previstos importes similares para I+D+i para España a lo que hubo en 2007-13, unos 5.100 M euros, de los que Mineco gestionaría unos 2.700 M – lo mismo que ahora – y esto afecta sobre todo a unas CCAA: Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia, Canarias, y Melilla… que concentran la mayor parte de los fondos, lo que indica que supone dificultades para absorber esas ayudas, y a ciertas áreas de concentración temática prioritarias. En estas regiones más en otras tres (Galicia y Asturias y Ceuta) la financiación es del 80%, mientras que en el resto de España es del 50%.

La concentración temática se refiere a cuatro áreas: I+D+i, apoyo a Pymes, TIC y Economía baja en carbono, con además porcentajes de concentración temática en este última modalidad. La gestión será probablemente más compleja con un nuevo Reglamento más farragoso y habrá más opciones de gestión, por ejemplo asignación de anticipos a entidades privadas. Además recuerda otros principios: debe cumplirse siempre la normativa de ayudas del Estado,  la ayuda a entidades privadas primero se paga y luego se recupera, etc.

En la sesión de la tarde se abordaron los ajustes del sistema europeo de cuentas SECc 2010, que entraran próximamente en vigor, sobre los que hace unos días comentaba Antonio Arias en su blog Fiscalización El SEC-2010 introduce cambios conceptuales y metodológicos con respecto al SEC-95 que pueden dar lugar a distintas mediciones del déficit y de la deuda en las Administraciones Públicas. Así, en coherencia con la Estrategia Europa 2020, es más imperativo el reconocimiento de la naturaleza de inversión del gasto en investigación y desarrollo (antes más proclive al gasto corriente) y siempre se considera a la I+D universitaria (epígrafe 20.81) como producción de mercado”. Añadía otro aspecto interesante: “El SEC-2010 incluye un apartado específico dedicado a analizar las relaciones de las administraciones públicas con sociedades públicas, que analiza los distintos tipos de relaciones y su tratamiento contable. Uno de los cambios significativos obliga a ampliar el perímetro de consolidación del sector institucional cuyo único o principal cliente es la Administración Pública de la que dependen, a la que prestan servicios auxiliares o le venden su producción sin entrar en competencia con otros proveedores. Junto al antiguo y conocido criterio del 50% ventas/costes del SEC-95,  el nuevo SEC-2010 establece un criterio adicional cualitativo: el comprador de la producción, que asegura la clasificación como productores de mercado a las unidades públicas que realmente muestran un comportamiento de mercado”.

En el debate que siguió a estas presentaciones los participantes convinieron que a tenor de la normativa nacional actual las universidades no deben aprobar reglas de gasto ni destinar sus superávits a reducir deuda ni precisan aprobar marcos presupuestarios a medio plazo ni les es de aplicación el art 32 de la LOEPSF.

Unas Jornadas interesantes, que con esta tercera edición parecen entrar en fase de consolidación, y que cubren un ámbito de actuación universitario – el económico – que, pese a su relevancia, siempre ha carecido de foros de encuentro estable, institucionales o no, que permitieran compartir reflexiones y experiencias.

Las ponencias se incorporaran en la página de la Jornada en unos días.

Xavier Puente – 29 de marzo de 2014