En la primera parte de esta serie de artículos analizamos el incremento en las tasas en las universidades públicas y reflexionamos sobre el impacto que la suma incremento en las tasas y la reducción en las becas puede suponer para los estudiantes en el acceso a la educación superior y a las universidades en cuanto a su financiación, centrándonos en la segunda parte en el el impacto que puede tener el cambio en la regulación de las becas universitarias.

En esta tercera parte nos centramos en la financiación de pagos a proveedores que se ha abierto a las Universidades Públicas y se ha aplicado en la Comunidad de Madrid. Varias universidades se están acogiendo a la Tercera Fase del Mecanismo de Financiación de los Pagos a Proveedores, instrumento de más de 19.000 M de euros establecido por decreto por el gobierno Rajoy para mejorar la financiación de las empresas y facilitar el crecimiento económico reduciendo la morosidad de las Administraciones Públicas. El Decreto ha sido convalidado este 17 de julio por el Congreso de los Diputados con los votos favorables de PP y CiU (y en contra de IU y ERC).

Es la primera vez que este mecanismo extraordinario de financiación se abre a las universidades públicas, como se sabe dependientes financieramente de sus respectivas comunidades autónomas, ya que en las dos fases anteriores había cubierto exclusivamente a ayuntamientos y a las propias comunidades autónomas. En esta nueva fase, las universidades morosas – y también algunas de sus entidades dependientes como los parques tecnológicos, a veces fuertemente deficitarias – reciben o bien un préstamo a largo plazo por los fondos anteriores a 31 de diciembre de 2012 que les adeuda la Comunidad (según las informaciones publicadas  esas deudas de las CCAA con sus universidades ascienden a más de 500 M en Andalucía, 226 M en Cataluña y 209 M en la Comunidad Valenciana), o bien un préstamo por los fondos que las universidades adeudan a sus proveedores. En este caso el préstamo requiere la previa conformidad de su respectiva Comunidad Autónoma y va ligado a un Plan de ajuste y reembolso en la universidad correspondiente con medidas específicas y cuantificadas, con un calendario de aplicación ajustado a la duración del préstamo, y con inclusión en el Plan de ajuste que la propia Comunidad Autónoma remite al Ministerio de Hacienda. Al margen de determinadas declaraciones públicas de ciertos responsables autonómicos madrileños y de las demandas interpuestas por todas las universidades madrileñas a su Comunidad para que ésta pague ciertas deudas que no reconoce, lo cierto es que esta segunda modalidad es la que conduce a hablar de “rescate”, término que ha sido juzgado como ofensivo y ha sido rechazado tanto por Complutense (que ha solicitado 58 M)  y que, por otra parte está pendiente de aprobar en virtud de la normativa vigente sobre Estabilidad Presupuestaria un Plan Económico Financiero de ajuste a tres años de 127 M de euros (importe de su remanente genérico de tesorería negativo a 31.12.12) como por Politécnica de Madrid (que ha pedido 19 M) y que también está pendiente de aprobar un Plan Económico Financiero de ajuste a tres años por la misma causa.

En todos los casos es el ICO y no la universidad quién opera como pagador a los proveedores. Lo hace por los compromisos de pagos a proveedores anteriores a 31 de mayo de 2013 que hayan sido reconocidos por las universidades.

El tipo de interés aplicable y el plazo de estos préstamos no han sido hechos públicos, pero CCOO ha afirmado que el plazo de pago sería de diez años con dos de carencia y sería lógico que el coste de la financiación esté en línea con el de mercado para las emisiones recientes del Reino de España a esos plazos, es decir que se sitúe en torno al 5%.

Además se prevé que los proveedores que no estén incluidos en la relación certificada de pagos pendientes de las universidades puedan requerir su inclusión hasta el 6 de septiembre de este año.

Una peculiaridad de esta fórmula es que los proveedores que cobren por esta vía renuncian automáticamente a cualquier reclamación de intereses, costas o gastos.

Esta es una excelente noticia para muchos proveedores de estas universidades que cobraran sus facturas, muchas pendientes desde hace más de un año aunque para otros proveedores la solución llega ya muy tarde y ya han quebrado. También es una buena noticia, aunque dista mucho de resolver todos sus problemas, para las universidades afectadas que deberían poder mejorar sus relaciones con estos proveedores y operar en un marco económico más estable  en el que han asumido un horizonte de compromisos económicos y de otra índole a medio plazo que deberían asegurar su sostenibilidad. En ese sentido, el Ministerio de Educación ha declarado que “no tiene dudas de que las distintas universidades que se acojan al plan sabrán valorar el esfuerzo que supone para el erario público la puesta en marcha de estas medidas y aplicarán con rigor y exactitud el plan de viabilidad que deberán presentar a las comunidades autónomas de las que dependen para beneficiarse del mismo”.

Conclusión

Finalizamos esta serie de artículos que recoge tres aspectos importantes para la Universidad y que han estado de actualidad en las últimas semanas: tasas, becas y financiación para pagos a proveedores. Parece evidente que la combinación de precios públicos altos y becas menguantes es una combinación que genera incertidumbre en las Universidades y en los estudiantes, a la vez que no favorece el acceso a la universidad de las clases menos favorecidas social y económicamente. Por otra parte, aunque el plan de pago a proveedores abre un poco de luz, no es la solución ideal ni definitiva. Esto no impide que estemos de acuerdo en que es importante conocer cuál es el coste real de la Universidad y que debe ser transparente para la sociedad. Sociedad que exige una gestión responsable a los directivos de las Universidades y un aprovechamiento a los alumnos que reciben una beca.

No queremos finalizar esta serie sin hacer una referencia a “madre de las reformas” que estamos esperando todos los que vivimos la universidad y en la universidad. Esperamos una reforma que se aleje de aspectos ideológicos y se centre en “las misiones” de la Universidad: docencia, investigación, transferencia del conocimiento;  que plantee un modelo sostenible, que ofrezca herramientas para una gestión adecuada, que determine un modelo de universidad en el contexto global en el que vivimos (“internacionalización”), donde quede especificado el papel de cada actor (rectores, consejos sociales, empresas, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, etc.) y todo ello dentro de la controvertida autonomía universitaria.

 Tomás Gómez / Xavier Puente  24/Julio/2013

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