Estamos asistiendo a profundos cambios en la educación superior en casi todos los países del mundo. La globalización, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la importancia del conocimiento en la economía plantean importantes desafíos para las estructuras educativas científicas consolidadas. En este contexto, se les exige a las universidades que cumplan nuevas funciones y que realicen las actividades de forma diferente, con una mayor orientación a la obtención de resultados económicos y sociales que puedan ser establecidos con indicadores claros, medibles y evaluables de forma objetiva.

INAECU surge por la necesidad que hay actualmente de evaluar estos cambios que se están produciendo a través de un análisis riguroso, basado en datos e indicadores objetivos, que sirva de sustento, por una parte, para la definición de las políticas universitarias y científicas, tanto a nivel internacional como nacional y autonómico y, por otra para facilitar el pensamiento estratégico en las propias universidades que les permita afrontar con garantías los cambios que se les requieren.

Tales procesos de cambio son percibidos y respondidos de manera diferente por los distintos grupos de interés presentes en las instituciones universitarias. Por tanto, es preciso abordarlos desde una perspectiva que integre la diversidad de intereses, objetivos, discursos, valoraciones y actuaciones construidos en torno al concepto de la universidad actual.

Si observamos las transformaciones que se están produciendo en los sistemas de educación superior de los distintos países europeos, nos damos cuenta de que hay una serie de temas que están siendo abordados de forma generalizada y sobre los que en nuestro país, a pesar de llevar mucho tiempo hablando de ellos, no se acaban de tomar decisiones. Al irse relegando, se ahonda en los problemas y se dificultan sus soluciones, lo que nos retrasa cada vez más respecto de los países de nuestro entorno.

La primera gran decisión que hay que plantearse es cuál es el sistema de educación superior  más adecuado para los nuevos retos planteados. Un sistema universitario homogéneo con instituciones similares y con las mismas misiones y niveles de calidad financiadas con criterios de igualdad o, alternativamente, un sistema diverso en el que las distintas instituciones tienen misiones específicas diferentes y se financian de forma distinta en función de los objetivos y políticas que se persiguen.

El primer modelo es el que ha venido funcionando hasta ahora y en el que la misión fundamental de las universidades era ofrecer el servicio público de la educación superior de proximidad, con unas características similares en todo el territorio nacional, mediante el otorgamiento de unos títulos oficiales con el mismo valor independientemente de la institución en la que se hubieren conseguido. El segundo modelo, que se está imponiendo en la actualidad, hace referencia a la introducción de los conceptos de mercado en la educación superior. Ya no existe un solo tipo de servicio requerido por parte de los ciudadanos sino que hay una mayor pluralidad de demandas, lo que implica que la oferta se tiene que diversificar y competir entre sí para satisfacer las distintas aspiraciones de los usuarios. En este caso cada universidad tiene que elegir su propio perfil que le permita encontrar su hueco en un determinado segmento del mercado educativo. Además, las universidades deberían trasladar cuidadosamente a la sociedad su imagen particular y los logros alcanzados en esa trayectoria cada vez más diferenciada.

Si se decide apostar abiertamente por este segundo modelo, como parece ser la tendencia en el resto de los países, que han dado pasos decisivos en este sentido a pesar de que no se han producido grandes debates teóricos sobre su conveniencia, habría que abordar dos cuestiones fundamentales, el modelo de financiación y la autonomía real de las universidades públicas. El nuevo modelo de financiación tendría que introducir elementos diferenciadores para cada uno de los perfiles y apoyar económicamente más unas actividades y, por tanto, unas universidades que otras. La autonomía real de las universidades quiere decir que cada institución asume totalmente su destino, de forma que, el nuevo contexto, toma sus propias decisiones con independencia y se responsabiliza del éxito o fracaso de sus planteamientos, sin contar con el respaldo financiero público, fuera del modelo establecido, para reparar sus posibles errores.

Para poder desarrollar un modelo de financiación en función de objetivos, el primer paso es definir claramente los objetivos que se pretenden. Luego vendría la definición del indicador adecuado para medirlo, la fuente de información disponible para recolectar los datos sobre los indicadores y, por último, los recursos económicos que se destinan a cada uno de los objetivos y su fórmula de asignación. En el nivel más alto no se trata de crear exhaustivos cuadros de indicadores sino de definir unos pocos y claros objetivos que permitan diferenciar el sistema.

En último término se trataría de reenfocar la reputación de las universidades como elemento crucial para conseguir una valoración favorable (de la sociedad en su conjunto, y de los diferentes grupos que la constituyen) de modo que se garantice su sostenibilidad por considerarse que su aportación en general a los distintos esfuerzos colectivos es valiosa, y en concreto, insustituible cuando se trata de proponer nuevas ideas, criticar planteamientos caducos y vislumbrar un futuro prometedor para todos.