Este mes de diciembre recogemos noticias sobre: ¿Quién quiere hoy un préstamo CEI 2011?, ¿Competencia desleal de las universidades?, La Defensora del Pueblo solicita un criterio nacional para la nota media, Bajada en los ratings crediticios de las universidades valencianas, Todas las universidades francesas serán autónomas a partir del 1º de enero, Cobrar en Cataluña por los estudiantes de otras comunidades, Algunas tendencias en el trabajo administrativo.

¿Quién quiere hoy un préstamo CEI 2011?

El modelo “español” de Campus de Excelencia Internacional (CEI) parece agotado. Mientras que en Alemania o Francia los proyectos de Campus de Excelencia se apoyan en subvenciones (más de 300 M anuales de subvenciones entre un número muy reducido de universidades en Alemania, algo menos de un centenar de millones también de subvenciones entre unos pocos proyectos excelentes en Francia, al que se añade un Plan nacional de subvenciones para la renovación y reorganización inmobiliaria de todos los campus), el modelo aplicado por el anterior equipo gubernamental español desde 2008 se ha basado en un importe cada vez menor de subvenciones para proyectos excelentes y un peso creciente de los préstamos para atenderlos, todo ello diseminado entre alrededor de treinta universidades con mención excelente “nacional” o “regional” . Este modelo español de CEI con poco dinero y que cada vez más se orientaba al “café para todos”, tal vez era razonable hace cinco años cuando las subvenciones autonómicas a las universidades eran todavía crecientes y los préstamos CEI eran a 15 años y sin interés. Entonces era concebible que las universidades pudieran atender sus cuotas de préstamo anuales, pero hoy no parece sostenible en el contexto financiero actual de universidades y Comunidades Autónomas, y menos aún con los tipos de interés del 5,7% propuestos en 2011 por el Ministerio.

Ante la evolución de la situación económica general varias universidades que ya tenían la mención de “excelentes” optaron la primavera pasada por no acudir a las convocatorias CEI 2011 en las modalidades de préstamo y lo hicieron únicamente en las presupuestariamente muy recortadas modalidades de subvención. Algunas de las que si optaron a nuevos préstamos CEI 2011 y cuyos proyectos fueron autorizados por el Ministerio se echan ahora atrás viendo lo que se les viene encima. Así, la Junta de Andalucía ha renunciado a firmar los convenios con el Gobierno que servirían para repartir 8,8 millones entre los tres proyectos de excelencia en los que participan sus universidades públicas alegando que las condiciones financieras propuestas superan ampliamente las condiciones de mercado. El proyecto Campus Mundus (U. Ramón LLull, Deusto y Pontificia de Comillas) que había obtenido un préstamo de 5 M renunciará probablemente al mismo por idénticos motivos. En Canarias han surgido fuertes acusaciones entre Comunidad Autónoma y universidades cuando la primera anunció que no cubriría con sus fondos las cuotas anules que correspondieran como había anunciado anteriormente. Otros proyectos que pueden encontrarse en el alero son el CEI Triangular-E3 de las universidades de Burgos, León y Valladolid, al que se otorgaría 5 M, y el proyecto ‘Studii Salmantini’, de la Universidad de Salamanca, que recibiría un préstamo de 5,6 M.

¿Competencia desleal de las universidades?

En el pasado varias universidades españolas se han enfrentado a demandas por competencia desleal de consultoras o empresas de ingeniería que consideraban que las universidades públicas proponían precios por debajo de coste para conseguir contratos de consultoría, ingeniería o investigación. Esta es una cuestión que resulta muy controvertida debido a las grandes infraestructuras y alta capacitación de algunas universidades, alcanzadas primordialmente con financiación pública y no siempre utilizadas a pleno rendimiento, y a la ausencia de mecanismos internos (contabilidad de costes, etc.) que permitan la determinación precisa de precios en las ofertas para este tipo de trabajos.

Estos días hemos sabido que se ha abierto un nuevo frente de este tipo ya que una red de gimnasios ha denunciado por competencia desleal a la UB y la UPC al considerar desleal su oferta de servicios deportivos a un precio bajo para todos los ciudadanos.

En lo que a primera vista parece más bien un intento de reservarse la mayor parte del mercado deportivo y penalizar a las universidades obligándolas a asumir mayores costes fijos, los demandantes argumentan que las instalaciones deportivas de esas dos universidades deben destinarse únicamente a la comunidad universitaria, es decir al colectivo de estudiantes de la universidad y a su personal docente y administrativo.

Las universidades públicas tienen la opción de optimizar el coste de sus instalaciones y servicios deportivos abriéndolas a colectivos ajenos a la comunidad universitaria ya que los periodos de uso de estudiantes y personas ajenas a la universidad suelen ser diferentes y mantener las instalaciones abiertas con pocos usuarios implica grandes ineficiencias. Además, en el caso de muchas ciudades, existen grandes carencias de instalaciones deportivas amplias y de calidad. Por ello en muchos campus universitarios se han creado esquemas de acceso abierto a las instalaciones deportivas, con reglas de horarios, reservas, etc. para discriminar a los diversos tipos de usuarios, tanto si hay gestión directa de las instalaciones por la universidad como si la gestión está cedida a empresas privadas mediante concurso. Estos esquemas abiertos que se han denunciado permiten distribuir los grandes costes fijos de construcción y mantenimiento de las instalaciones entre un mayor número de usuarios, reduciendo así el coste unitario a repercutir a todos los usuarios, universitarios o no. Aún así, estas denuncias son una llamada de atención para que se analicen con esmero las decisiones de precios que se toman en todos los ámbitos, desde las actividades de consultoría hasta los alquileres de salas y auditorios, el acceso a centros deportivos o los restaurantes universitarios, y para ir integrando las explicaciones oportunas en las rendiciones de cuentas.

La Defensora del Pueblo solicita un criterio nacional para la nota media

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de movilidad de estudiantes y en las convocatorias de concurrencia competitiva en los que éstos participan, la Defensora del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Educación que iguale los criterios con los que las universidades emiten las certificaciones académicas y calculan la nota media de los expedientes.

Esta solicitud, y la apertura de una investigación de oficio en 48 universidades españolas sobre este asunto, es el resultado de quejas de alumnos disconformes con el criterio aplicado por sus respectivas universidades para el cálculo de las notas medias de sus expedientes académicos. En la actualidad coexisten distintos sistemas de cálculo de la nota media entre las universidades e incluso pueden existir varios métodos dentro de la misma universidad. No existe una norma general para saber qué calificaciones deben tenerse en cuenta para hallar la nota media del expediente académico, o sobre si tomar o no en consideración, junto a las calificaciones de las materias propias de la titulación, las obtenidas como complementos formativos correspondientes a los segundos ciclos de las titulaciones.

En opinión del Defensor del Pueblo, deben establecerse criterios homogéneos que, con pleno respeto a la autonomía universitaria, permitan la elaboración de una norma de carácter estatal en esta materia y también sobre la información que debe reflejarse en las certificaciones académicas.

La nota media tiene gran relevancia ya que se emplea para conceder ayudas y becas, para determinar prioridades en la asignación a grupos horarios, para elegir plazas en las becas Erasmus, etc.

Bajada en los ratings crediticios de las universidades valencianas

La agencia de valoración crediticia Standard & Poor’s (S&P) ha rebajado de “A-” a “BBB-” , el nivel inmediatamente anterior a los “bonos basura”, la calificación de la deuda de cuatro de las universidades de la Comunidad Valenciana (UV, UPV, UA, UJI), como consecuencia de la dificultad de la Generalitat en colocar sus “bonos patrióticos” – sólo se cubrió el 59% de la última emisión – y de la rebaja que el 19 de diciembre hizo a la nota de solvencia a largo y corto plazo de la Comunidad Valenciana, hasta “BBB-/A-3” desde “A-/A-2”. También prevé que la liquidez de la Comunidad Valenciana continúe deteriorándose en vista de las crecientes necesidades de refinanciación a las que se enfrentará la región en 2012. No obstante, destaca que existe una “alta probabilidad” de que esta autonomía reciba ayuda extraordinaria por parte del Gobierno central en caso de que sus necesidades de financiación queden parcialmente sin resolver.

El consejero de Educación y varios rectores criticaron que la agencia de calificación rebajara la calificación de la deuda de esas cuatro universidades valencianas, mientras que ésta recordó que las universidades tienen un papel importante en el sector público, son financiadas principalmente por el gobierno autonómico, y, por tanto su deuda tiene como máximo el mismo nivel de garantía que éste.

Aunque las universidades públicas españolas no suelen ser emisoras de deuda, no cabe duda que esta noticia supone un deterioro de la imagen de las universidades mencionadas y que puede afectar a su coste de financiación a la hora de solicitar créditos bancarios, una vía de financiación que es cada vez más importante como consecuencia del incremento de los retrasos en los pagos pendientes de la autonomía.

Así por ejemplo, la Universidad de Valencia, ha tenido que recurrir a créditos bancarios para abonar los salarios de diciembre después de que la Generalidad valenciana decidiera posponer la transferencia ordinaria de ese mes a algún momento del primer cuatrimeste de 2012.

Todas las universidades francesas serán autónomas a partir del 1º de enero

El próximo 1º de enero de 2012 todas las universidades francesas habrán pasado a ser autónomas y gestionaran directamente su presupuesto y su personal, antes ordenados desde el Ministerio de Educación. Serán así responsables de su gestión y su destino.

Esta reciente autonomía de las universidades francesas es el fruto de la LRU, Ley de Libertades y Responsabilidades de las Universidades aprobada en 2007, que permite un paso progresivo de las universidades francesas a un régimen de mayor autonomía. Dieciocho universidades optaron por incorporarse a este nuevo régimen al principio de 2009, treinta y tres lo hicieron en 2010, veintidós en 2011 y ahora lo harán las que faltaban.

La nueva ley, considerada por algunos como un éxito de la presidencia de Sarkozy, supone que en adelante las universidades pueden gestionar autónomamente su personal, algo que constituía una reclamación histórica de los rectores que no había sido aceptada por ninguno de los gobiernos anteriores fuesen de izquierda o de derecha.

Ahora las universidades disponen de libertad para contratar al personal, fijar horarios y reducciones de carga docente, establecer complementos retributivos, flexibilizar remuneraciones etc., algo que en algunos casos se ha empleado para contratar investigadores extranjeros de reconocido prestigio como ha hecho la universidad de Paris VII que contrató en 2010 a un Premio Nobel de física norteamericano. Otras universidades han creado cátedras de excelencia para jóvenes profesores con un excelente potencial o han creado guarderías para los hijos de su personal.

Esta mayor libertad ha facilitado una mayor diferenciación e iniciativa de las universidades. Así, algunas han concentrado su actividad en torno a sus puntos fuertes y otras han establecido alianzas con otras universidades de su región agrupando su oferta de titulaciones minoritarias. También se ha producido un cambio cultural ya que rectores y docentes no precisan estar tan pendientes de las últimas directrices del Ministerio. Además las universidades se han abierto más a la sociedad creando fundaciones que han establecido proyectos comunes con empresas y entidades locales.

Pero no todo es miel sobre hojuelas y siete universidades han tenido que ser sometidas a un control externo riguroso ya que han presentado durante dos años consecutivos de déficit, algo expresamente sancionado por la ley. La gestión económica que antes era seguida desde el Ministerio es ahora responsabilidad de cada universidad que debe controlar rigurosamente su Capítulo I de gasto, los deslizamientos ligados a la antigüedad de la plantilla y a las nuevas contrataciones, y éste resulta un aprendizaje a veces doloroso, en el que algunos equipos directivos han destacado la ausencia de sistemas de información de calidad para elaborar  escenarios de evolución futura.

Por otra parte, algunas de las universidades consideran que su dotación inicial no era suficiente y que padecen de un déficit crónico ligado al punto de partida económico utilizado o a la ausencia de estimaciones rigurosas de compromisos futuros. El gobierno francés efectuó una dotación adicional de 1.000 M de euros en 2008 para cubrir estos posibles desfases en todas las universidades, pero muchos rectores consideran que los incrementos presupuestarios de los años siguientes no han sido suficientes y que la sociedad no es consciente del rol relevante que las universidades tienen en las sociedades modernas.

Cobrar en Cataluña por los estudiantes de otras comunidades

Castella, responsable de universidades catalán, ha planteado hace pocos días que cada comunidad autónoma debería asumir el coste de los estudios universitarios de sus estudiantes fuera de sus regiones. Según sus estimaciones, Cataluña estaría financiando los estudios de 12.000 estudiantes de otras comunidades mientras que sólo 3.500 estudiantes catalanes acudirían a universidades fuera de su territorio, algo que supone un ahorro para otras comunidades autónomas y un sobrecoste para Cataluña: “Sí hay estudiantes de fuera de Cataluña en Cataluña, las administraciones de las que son originarios deberían compensarnos. Exactamente igual que nosotros deberíamos compensarlas si estudiantes nuestros van a otras comunidades autónomas… El 80% de los estudios de un estudiante de otra comunidad lo están pagando los contribuyentes catalanes“.

La consejera de educación de Madrid, Lucia Figar, comunidad que recibe a un número de estudiantes universitarios de otros territorios que cuadruplica las cifras de Cataluña, y por lo tanto mucho más afectada que esta cuestión, se ha mostrado contraria a la medida: “En ningún caso Madrid va a cobrar tasas diferenciadas según la provincia de origen de los alumnos”…“queremos seguir siendo un espacio universitario abierto”, y ha destacado que Madrid estará abierta para los mejores estudiantes sea cual sea su lugar de nacimiento.

Al margen de las dificultades para controlar este tipo de situaciones y de lo que esto supone como restricción a la libre movilidad de estudiantes que casi todas las formaciones políticas propugnan no sólo a nivel nacional si no a nivel europeo e internacional, en algunos medios nacionalistas catalanes la propuesta de Castella ha sido considerada como una torpeza política ya que, en su inmensa mayoría, los estudiantes que se matriculan en universidades catalanas pertenecen a lo que denominan “países catalanes” por lo que consideran ridículo entrar en polémicas de este tipo con comunidades supuestamente afines como la valenciana o la balear, que en definitiva serían las perjudicadas. En otros entornos, este globo sonda ha reavivado las propuestas para “recentralizar” la gestión educativa a todos los niveles.

Algunas tendencias en el trabajo administrativo

El periódico Le Figaro ha publicado un resumen de algunas de algunas de las características del trabajo de oficina en Francia en 2011. Parte de los datos reseñados reflejan tendencias, no siempre agradables, que son comunes en mayor o menor medida a todos los países desarrollados:

-Seguir los correos electrónicos supone más de dos horas de trabajo al día; más del 40% del personal administrativo recibe más de un centenar de correos al día. El correo electrónico se ha convertido en un origen de stress y en un fenómeno adictivo ya que aunque los trabajadores dicen comprobar su correo sólo cada hora, en la práctica se ha comprobado que muchos lo hacen cada cinco minutos.
– Más del 50% de los trabajadores abre y contesta los correos electrónicos de su trabajo en vacaciones con el fin volver al tajo sin atrasos.
– Los trabajadores dedican parte de su tiempo de trabajo a actividades personales como llamadas a amigos o familiares, correos personales, compras en internet…., pero hasta un 90% prolongan su jornada más de lo fijado o continúan su trabajo en casa por ordenador fuera de su horario laboral. Un 64% de las empresas tienen vedado el acceso a Facebook, lo que manifiesta la desconfianza de las empresas a las redes sociales  a las que acusan de minorar la productividad de sus trabajadores.
– Un fumador habitual dedica del orden de 80 minutos de su tiempo de trabajo a salir a fumar a la calle y algunas administraciones y empresas han establecido la obligatoriedad de fichar cada vez que se entra o sale para fumar un cigarrillo.
– El tiempo del almuerzo ha sido un vector de ajuste del tiempo dedicado al trabajo: hace veinte años los trabajadores dedicaban hora y media a la comida a mediodía y ahora sólo le dedican 22 minutos de media. Muy pocos vuelven a casa a comer y cada vez es más frecuente resolver la comida con un sándwich que se toma en el mismo despacho en el que se trabaja.

Xavier Puente – 2 de enero 2012