Mientras seguimos a la espera de las conclusiones de la “Comisión de sabios” y del programa Wert para las universidades españolas, el nuevo gobierno socialista francés parece haber definido en apenas seis meses un amplio programa de actuación, que se concretará en dos meses en un nuevo proyecto de ley.

Tras tres meses de “Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche” con amplios debates y consultas a nivel local, regional y nacional y recibir miles de propuestas y sugerencias en un amplio proceso “bottom-up” con parlamentarios, rectores, expertos, estudiantes, etc. con el objetivo de garantizar el éxito de los estudiantes, reorganizar la Investigación y revisar la gobernanza de las universidades y las políticas de redes, han sido hechos públicos tres documentos importantes, el informe de Vincent Berger, “rapporteur” de las “Assises”, el del diputado socialista Jean Yves Deaut y unas interesantes declaraciones de la ministra de Universidades e Investigación al diario Le Monde.

Dado que los informes Berger y Deaut son similares, para evitar duplicidades vamos a comentar aquí únicamente este último y las declaraciones de la ministra.

Deaut ha emitido un extenso Informe titulado “Refundar la universidad, Dinamizar la investigación, Cooperar mejor para alcanzar el éxito” que detalla 117 propuestas de modificaciones legislativas.

Recuerda las reformas mal concebidas y poco coordinadas en el ámbito de la investigación en Francia en los últimos años y los problemas de financiación existentes y propone “pasar de un modelo de excelencia mediante la concurrencia [que califica como “individualista”] a un modelo de eficiencia mediante la cooperación [modelo que es adjetivado como “colectivo”]” para que las universidades y la investigación cumplan el papel que les asigna el Plan de Competitividad gubernamental. En el ámbito de la investigación pretende desarrollar la que se orienta a la innovación industrial que crea empleo y, en el ámbito universitario, busca lograr una notoriedad internacional que tenga efectos económicos positivos en el entorno local y regional. Analiza las disfuncionalidades observadas al multiplicarse la competencia en materia de investigación: exceso de formalismo y burocracia que consume el tiempo de los investigadores que sólo alcanzan financiación para uno de cada cinco proyectos que elaboran, concentración de recursos en un reducido número de interlocutores con polarización geográfica, etc. y se desarrollan numerosas propuestas de cambios normativos en torno a cuatro ejes:

Reafirmar el papel y el control del Estado e instaurar una gobernanza eficaz, democrática y colegial. Se debe clarificar y reforzar el papel del Estado en el otorgamiento de los títulos, en el control del desempeño (con evaluación a posteriori) y es preciso alcanzar un equilibrio territorial coherente en la oferta de títulos y definir una Agenda Estratégica de la Enseñanza Superior y la Investigación coordinada entre todos los ministerios. En materia de gobernanza, apuesta por una organización más colegial y que sea el Consejo de Administración (suerte de Consejo Social) el que asuma la dirección y la definición de la estrategia de cada institución. El Rector será elegido por un periodo de cinco años, con posibilidad de extensión del mandato por un periodo. Estima necesario que se refuercen las definiciones de planes estratégicos a cinco años y la transparencia presupuestaria a todos los niveles (coste titulaciones etc.). Al mismo tiempo se establece un objetivo de esfuerzo financiero adicional de 1.000 M € anuales durante el primer quinquenio de aplicación de la nueva ley para cumplir los principales objetivos del Informe.

Reforzar la cooperación y los proyectos comunes de investigación entre universidades y con otras entidades, desarrollando “Esquemas regionales de investigación y enseñanza universitaria” y creando “comunidades universitarias” voluntarias de carácter regional que pueden conducir o no a fusiones.

Apoyar la cooperación entre investigación pública y privada y las iniciativas europeas en materia de investigación, incrementar la financiación básica a los laboratorios y la oferta de titulaciones en inglés, y reducir el número de personas jurídicas existentes (fundaciones etc.) en el ámbito de la investigación

Facilitar el éxito de los estudiantes universitarios mejorando la coordinación de programas con el bachillerato, reforzando los servicios de orientación en los institutos, dotando de más personal docente y tutorías a los primeros cursos universitarios.

Crear y facilitar el acceso a nuevas formaciones cortas sin título y fomentar la formación permanente. Apoyar el desarrollo de contenidos multimedia con un programa nacional de formación “on line”, generar pasarelas entre estudios eliminando rigideces, potenciar una formación más generalista en los primeros cursos de grado, reforzar y mejorar las prácticas de trabajo en empresas y facilitar la mejores condiciones de vida (alojamiento, salud, deporte, becas) a los estudiantes universitarios; mejorar la formación pedagógica de todo el personal docente.

Potenciar la evaluación de los centros, de las titulaciones y de los grupos de investigación y de todo el personal, simplificar las propuestas de proyectos, reducir la proporción de personal temporal con cargo a proyectos, dar valor a las carreras profesionales, consolidar 9.800 investigadores en cuatro años y desarrollar la innovación facilitando ayudas financieras a la contratación de doctores por Pymes.

Integrar toda la actividad del PDI en su evaluación y redefinir el sistema de evaluación y aumentar el gasto publico en I+D no militar.

Abundando en las mismas cuestiones, la ministra de Universidades e Investigación, Geneviève Fioraso ha detallado las líneas básicas de su proyecto en una entrevista en el diario Le Monde el pasado 14 de enero. Partiendo de los debates de las “Assises”, presentará en marzo un proyecto de ley de reforma universitaria en torno al cual desea concitar el máximo consenso posible y cuyos objetivos principales son:

  • Facilitar el éxito de los estudiantes

La ministra considera que la oferta de titulaciones actual es una jungla incomprensible de 1.420 grados generales. Por ello se va a crear una nueva nomenclatura de un centenar de grados generales (los 2231 grados profesionales seguirán como hasta ahora). La oferta de masters (6.000 actualmente) también será simplificada y todos los títulos requerirán autorización previa.

Se facilitará un acceso prioritario a la Universidad a los bachilleres de FP, se reorganizará el acceso a todos los estudios del área de salud mejorando las pasarelas internas y se reforzará la cooperación entre universidad y bachillerato y con los institutos que preparan los exámenes de entrada en las “grandes écoles”.

El profesorado, incluido el asociado, deberá tener una formación en pedagoga y los alumnos evaluaran las titulaciones pero no al profesorado.

Cada universidad deberá disponer de una oferta de títulos on line.

  • Gobernanza

El Consejo de Administración será el responsable de la estrategia, el presupuesto y la gestión y participará en el nombramiento del Rector. Estará integrado por representantes de entidades locales, del CES, de centros de investigación y por personalidades así como por miembros de la comunidad universitaria. Un Consejo Académico gestionará las titulaciones y la investigación.

  • Treinta polos universitarios

Las universidades deberán federarse o fusionarse con el objetivo de contar con treinta polos universitarios con contratos quinquenales de objetivos de resultados en lugar de los 150 actuales.

  • Un Estado estratega

El Estado reafirmará su papel de estratega definiendo los ejes de la investigación según la agenda europea (eficacia energética, energías renovables, salud, envejecimiento….); parte de los fondos de investigación se destinaran a asegurar la financiación básica de los grupos de investigación; se desea mejorar el éxito en las convocatorias europeas (Francia aporta el 17% de los fondos y recibe el 11,4% de los proyectos) y se va a modificar y simplificar la evaluación.

Seguramente tendremos ocasión de volver en estas páginas sobre este amplio programa de cambios definidos en tan sólo seis meses tras amplias consultas.

 

Xavier Puente – 18 de enero 2013