Hace dos meses Transparency International publicó su Informe Global de la Corrupción: Educación

El amplio Informe – más de 400 páginas – abarca todos los tipos de educación en todos los países y dedica varios apartados a la enseñanza universitaria.

Tras destacar que corrupción – definida como “abuso del poder delegado para beneficio propio”y mala gestión son problemas totalmente diferentes, los autores señalan que el gasto público en educación es muy importante en todo el mundo y que los

ingentes recursos aplicados no siempre cuentan con controles efectivos.

Los tipos de corrupción en educación enunciados van más allá de lo que a primera vista podríamos considerar como tal:

–          Plagio, copia en exámenes, uso fraudulento de trabajos de terceros

–          Suplantación de autores de trabajos o de artículos

–          Contratación de obras o servicios o personal inexistentes (“fantasma”)

–          Absentismo del profesorado

–          Nepotismo o fraude en su selección

–          Depreciación de la educación pública potenciando que sea complementada o sustituida por educación privada

–      Manipulación de la información relativa a las oportunidades profesionales exagerando las informaciones sobre el éxito profesional de los graduados

 –          Fraude en la Admisión de estudiantes

 –          O en su Evaluación: compra de calificaciones; riesgos agravados en los exámenes orales con regalos, pagos o favores sexuales a cambio de determinados resultados

 –          Falsificación de datos en trabajos de investigación, o modificación de sus conclusiones para ajustarlos a los intereses de los financiadores

 –          Venta de títulos (“degree mills”) por entidades creadas ad-hoc

 –          Riesgos en la Internacionalización por los mecanismos de convalidación, la gestión de equipos comerciales en el extranjero y la creación de campus en otros países

 –          Riesgos financieros por la multiplicación de centros de coste y decisión (facultades, departamentos, institutos, asociaciones diversas, entidades jurídicas independientes asociadas a la universidad…) que dificulta el control.

Para acabar con estas situaciones, el Informe propugna el reforzamiento del estado de derecho y de la sociedad civil, de la educación y de la independencia de los medios de comunicación, la transparencia y la confianza, y la articulación de normas y de procedimientos  de rendición de cuentas más eficaces.

En uno de los capítulos del Informe, el estadounidense Stepehn Heyneman  señala que los riesgos de viabilidad futura de la universidad crecen cuando hay corrupción. Los cambios acelerados en el entorno universitario, la existencia de recursos públicos limitados, la creciente competencia y la diversificación de las fuentes de ingreso pueden contribuir a que la corrupción aumente en las universidades.

La corrupción puede ser institucional  – fraude financiero, fraude fiscal, contratación irregular… – o individual – plagio, falsificación de resultados de investigación, etc. Las actuaciones contra  el primer tipo de corrupción deben ser primordialmente legislativas haciendo ágiles y eficaces las sanciones; pero para luchar contra el segundo tipo es la universidad la que debe reforzar sus códigos de comportamiento internos. Confirmando lo anterior, Heyneman recuerda que según Times Higher Education, la mayor parte de las universidades de mayor prestigio mundial publican en su web los códigos de conducta de sus profesores, estudiantes y gestores y recogen información precisa sobre los órganos encargados de su vigilancia.

Otras vías para reducir las corruptelas son:

– facilitar un mayor acceso a la información de las instituciones estableciendo mecanismos eficientes de transparencia y de rendición de cuentas

– reforzar los mecanismos de control de la calidad en docencia e investigación

– reforzar la integridad y el comportamiento ético del profesorado (honestidad, confianza, respeto, equidad y responsabilidad) que en definitiva repercuten en las propias instituciones

Los expertos Jamil Salmi y Robin Matross Helms consideran que un buen gobierno en las universidades – con poderes y contrapoderes internos – es también un elemento fundamental para evitar la corrupción. La autonomía universitaria exige la rendición de cuentas porque recibe fondos públicos y porque la universidad debe alinear sus objetivos con los intereses públicos. Por eso los responsables universitarios deben dar cuenta de su actividad y de los resultados alcanzados tanto en docencia como en investigación, y las cuentas de las universidades deben ser verificadas por auditores externos.

Para asegurar un buen gobierno de la universidad:

–          Deben estar bien definidos los roles y responsabilidades y los sistemas de control y de sanción cuando hay comportamientos no éticos

 –          La elección de los principales dirigentes (Rector, etc.) no debe estar sujeta a presiones políticas externas o de grupos de poder o colectivos internos. Aunque no se pronuncian por ningún método de elección, estos expertos apuestan más bien por los sistemas de selección competitiva profesional inspirados en el modelo privado. Asimismo, piensan que el riesgo de prácticas incorrectas disminuye cuando los órganos de decisión de tipo colegial son mixtos e incorporan miembros que no pertenecen a la comunidad universitaria, si bien, inspirándose en prácticas inglesas y australianas, señalan que esos miembros externos deben recibir una formación específica sobre el entorno universitario que les permita desarrollar correctamente su trabajo.

 –          Es precisa la mayor transparencia en todos los procesos: admisión de alumnos, selección de personal, de cargos universitarios, asignación interna de fondos y recursos…

 –          Deben desarrollarse normas internas que establezcan un entorno de exigencia ética y faciliten la aplicación inmediata de sanciones cuando haya faltas

La experta en fraudes Mary-Jo Kranacher cita algunos casos recientes de fraude financiero en universidades estadounidenses: endoso fraudulento de cheques, desvío de cobros en efectivo en residencias universitarias, creación de sociedades pantalla que facturan servicios inexistentes, imputación de gastos personales a la universidad, uso inadecuado de tarjetas de crédito, falsificación de justificantes en liquidaciones de gastos, fraudes en becas, uso de financiaciones finalistas para fines ajenos a los previstos, etc. Afirma que la amplia descentralización y autonomía del gasto vigente en las universidades (facultades, departamentos, grupos de investigación, etc.) y la existencia de entidades jurídicas anejas a la universidad (fundaciones, sociedades dependientes, asociaciones…) facilitan la corrupción. También contribuye a su extensión que muchos casos de fraude sean detectados pero no sean hechos públicos aunque reciban algún tipo de sanción ya que esto contribuye a dar la impresión de que existe tolerancia ante la corrupción. Destaca que el entorno de ajustes presupuestarios pueden facilitar el fraude ya que, por un lado, muchas decisiones de recorte (prejubilaciones incentivadas, congelación de contrataciones, recortes de gasto,…) se toman por pocas personas de manera opaca y, por otro, se suelen recortar las estructuras de gestión y de control. Además, en los entornos de crisis, puede suceder que, ante la congelación o reducción de sueldos, los responsables – o el personal – se consideren legitimados para “cobrarse” en especie de una forma u otra.

 Kranacher propone algunos principios para reducir estos riesgos:

 –          Disuasión: normas claras contra el abuso y el fraude bien comunicadas a la comunidad universitaria; estructuras internas de control; segregación de funciones; buzón abierto para denuncias (“whistleblower”) y garantía efectiva de no represalias a los denunciantes (aunque opina que la regulación legal de las fórmulas de denuncia es deficiente y contradictoria en muchos países)

 –          Detección: aquí expone prácticas tradicionales de control que deben seguirse siempre, como la conciliación de cuentas bancarias, el control exhaustivo de las compras con tarjetas de crédito y de los gastos de viaje y de tipo protocolario, el control de la nómina y de los pagos extraordinarios al personal, el seguimiento de cobros pendientes, impagados e incidencias de facturación, o el control del domicilio de los proveedores con el fin de detectar sociedades pantalla.

 –          Prevención: es importante verificar la trayectoria pasada de los candidatos a cubrir puestos con responsabilidad económica, hacer un buen seguimiento de las estructuras jurídicamente independientes anejas a la universidad como fundaciones, sociedades o asociaciones universitarias, ser rigurosos en los programas de ayudas y préstamos a estudiantes; y, sobre todo, destaca la importancia de desarrollar el compromiso de la institución y de sus principales órganos con el cumplimiento de estas políticas, algo que no es lo habitual en el entorno universitario como lo muestran estudios realizados en el Reino Unido según los cuales sus universidades forman parte de las administraciones públicas británicas menos eficientes en la lucha contra la corrupción.

Es este un Informe interesante sobre la corrupción en la educación y, aunque no cubre toda la casuística existente, aporta ideas sobre posibles instrumentos para atajarla.

Xavier Puente – 12 de noviembre de 2013