El Informe “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” dado a conocer el viernes pasado consta de 84 páginas con un preámbulo, cinco capítulos (selección del PDI, evaluación de la calidad: excelencia y competitividad,  gobierno de las Universidades, financiación y estudios y títulos de las universidades) y dos anexos (acreditaciones públicas vs acreditaciones de la Aneca y sobre otras evaluaciones de la calidad de las universidades).

Ha sido elaborado tras diez meses de trabajos – en lugar de los seis previstos – por una “Comisión de Sabios” casi exclusivamente académica – con nulo peso de la sociedad en ella y sin presencia de estudiantes o PAS – que estaba presidida por María Teresa Miras, y constituida por Óscar Alzaga (que ha emitido un voto particular),  José Adolfo de Azcárraga, José Campmany, Luis Garicano, Félix M. Goñi, Rafael Puyol y Matías Rodríguez Inciarte y Mariola Urrea (también con un voto particular) y en la que se dieron de baja Salvador Barberá y Elisa Chulia.

¿cuáles son los aspectos más importantes del informe?

 El informe  se centra en los siguientes aspectos del sistema universitario:

  • Modelo de selección del Personal Docente e Investigador (tanto permanente como no permanente), así como el modelo de acreditación de la ANECA.
  • Evaluación de la calidad del sistema universitario español (SUE).
  • Gobierno de las universidades (Rector, Consejo de la Universidad, Equipo de gobierno, Claustro y otros órganos de gobierno).
  • Financiación de las Universidades (dimensión del SUE, financiación pública suficiente, política de becas, diversificación de ingresos).
  • Estudios y títulos universitarios (oferta de títulos, estudiantes extranjeros, relación con empresas, bachillerato, doctorado, formación profesional, etc.)

Un planteamiento por tanto más corto que el que indicábamos en nuestro artículo Se acerca la hora de la reforma universitaria en el que ya anticipábamos por dónde podían ir las propuestas (algunas en la línea con los planteamientos  del gobierno actual de  Generalitat Catalana) ya que indicábamos que idealmente debería recoger los siguientes aspectos:

  • Volumen del sistema universitario: número de universidades y tamaño de los campus. Fusiones, colaboración y alianzas entre universidades y centros.
  • Gobernanza (sistema de gobierno y administración), desde el actual modelo de elección y selección del Rector y los diferentes órganos de gobierno colegiados (Consejo Social, Consejo de Dirección, Claustro) y personales (Vicerrectores, Gerente, Secretario General, Decanos, etc.) y grado de autonomía de cada institución.
  • Financiación: pública y privada, definiendo la colaboración universidad-empresa y la participación de la empresa en el desarrollo de la universidad.
  • Modelo de acceso para los estudiantes (¿deben acceder todos los estudiantes que lo deseen o se debe establecer una política estricta de acceso utilizando criterios académicos?). política de precios y modelo de becas y/o préstamo para estudiantes.
  • Transparencia y rendición de cuentas. Establecer a qué debe dedicarse una universidad y qué actividades no forman parte de la misión de la universidad (al menos de la financiada con fondos públicos).
  • Recursos Humanos: régimen jurídico y modelos de selección del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios. Modelos de reconocimiento de la calidad y de penalización de la no calidad. Política de salarios.
  • Modelo de universidad (especialista, generalista, docente, investigadora, global, regional, local):
    • modelo de docencia y catálogo de titulaciones, docencia presencial  y/o “on line”.
    • políticas de investigación.
  • Medición de la calidad en la ejecución de las políticas de la universidad y de su éxito como institución.
  • Modelo  de relación con la Comunidad Autónoma (participación en el gobierno, rendición de cuentas, financiación).”

Muchas de estas cuestiones que en su momento consideramos no son abordadas en el documento, o, cuando lo son, su tratamiento es muy limitado y general. Así, poco o nada concreto se dice sobre alianzas, autonomía, acceso a la universidad, precios y matrículas, rendición de cuentas, PAS, estudiantes (orientación, pasarelas, fomento del espíritu crítico,  innovador y emprendedor…), etc.

 0-      Diagnóstico – Preámbulo

En su  Preámbulo, describe nuestras universidades: “han avanzado mucho… pero aún podrían haber progresado más”, por lo que entiende que precisan seguir avanzando y superar sus problemas, no solamente económicos,  desarrollando  la innovación y el conocimiento, al igual que lo hacen en otros países.

“El sistema universitario español requiere una profunda reforma para cumplir adecuadamente esas dos tareas: la formación de la juventud y la generación de nuevas ideas y conocimiento”. El diagnóstico que sigue es duro: “La primera condición para mejorar la calidad del SUE (Sistema Universitario Español) es reconocer que es muy insuficiente: la falta de universidades españolas de excelencia es incontrovertible… España no ha tenido un solo premio Nobel científico desde hace más de un siglo… el SUE tuvo tan solo 401 patentes en 2010… no debe sorprender que el… [ranking] de Shangai 2012 – ¿por qué eligieron los sabios este “ranking” que tan sólo valora la producción total y no la productividad por profesor? –  …. siga sin incluir ninguna universidad española entre las 200 primeras del mundo”… Por lo que se refiere a la calidad de la formación… de los 27 países  de la UE27, España es el país de Europa con menor tasa de empleo adecuada al nivel de estudios para titulados con educación terciaria, el 53%…” si bien más adelante se reconoce que este último hecho “tiene que ver en parte con el sistema económico” por lo que no entendemos porqué se introduce un dato que no es resultado directo de la eficiencia del sistema.

A continuación, los expertos recuerdan que las universidades se deben  a los estudiantes y a la sociedad que financia a las universidades y, sólo a continuación, a los intereses de  PDI y  PAS. “Es importante apreciar esta perspectiva para un mejor uso de la autonomía universitaria, puesto que algunas disfunciones actuales de las universidades españolas tienen su origen en una inadecuada identificación (u ordenación) de esos sectores del público al que debe servir… La universidad debe estar al servicio de la sociedad, no de si misma.”

Siguen datos del SUE (236 campus, 2541 grados, 3292 másteres oficiales, 1751 doctorados, descenso de los estudiantes de ciencias) un panorama que, sin mencionar explícitamente un exceso de oferta, consideran los sabios “que no es el más conveniente para los intereses de la sociedad” y que “requieren un análisis pormenorizado que justifique la necesidad de esos estudios”. Además la estructura de las universidades es “demasiado homogénea”, con “gran mayoría de estudios comunes…repetidos un sinnúmero de veces… dentro de reducidísimas áreas geográficas”  no hay especialización, incluso se han desdibujado las diferencias entre las universidades tradicionales y las politécnicas. Por eso,  “es deseable una mayor diferenciación y especialización de las universidades españolas”, asociando universidades investigadoras excelentes con universidades de verdadera calidad internacional. En esta línea también  habrá universidades que “acaben concentrándose algo más en su labor formativa”. Así parece separarse ya en las futuras conclusiones una doble línea de universidades: universidad docente vs universidad investigadora excelente. Y, supuestamente, “cada universidad, con el apoyo de la Comunidad Autónoma deberá decidir el lugar donde desearía estar… adoptando las políticas correspondientes para conseguirlo” y ser excelente (investigadora) o solamente de calidad (docente), u otra cosa.

Se propugna la mejora en la internacionalización del alumnado, y “reforzar los tradicionales y estrechos vínculos con los países iberoamericanos” y aumentarlos con otros países. Más que atraer a Erasmus se apuesta por atraer a quienes vienen a realizar estudios completos, en especial de doctorado: sólo un 23% de las tesis leídas en 2011 lo fueron por extranjeros. A todo ello contribuiría el ofrecer clases en inglés y la internacionalización del profesorado.

Sobre el gobierno de las universidades denuncia que “el actual gobierno de las universidades favorece que los colectivos que las integran, parte interesada y decisoria a la vez,  pugnen por sus intereses inmediatos… con frecuencia los procesos de decisión están teñidos de corporativismo”. A partir de ahí concluye que  “sólo una elevada competencia académica puede legitimar la participación en el gobierno de las universidades que no son patrimonio de sus miembros (estudiantes, PDI y PAS) sino de la sociedad que las financia”. Como veremos más adelante en diversos momentos, en el Informe se estima que una buena trayectoria investigadora equivale a una elevada competencia académica, docente y gestora, y otorga en base a la misma derechos que otros colectivos no pueden disfrutar. Aunque no podemos menos que compartir el énfasis en la investigación, en el Informe se llega a sacralizar al investigador: el buen investigador es, por serlo y de forma automática e indiscutible, un buen docente, está capacitado para desempeñar elevados cargos de gestión, etc. y no precisa acreditar nada excepto sus sexenios. El PDI que no investiga, 3/5 según reconoce el propio Informe, pasa a ser un PDI de segunda.

En lo referido a financiación se afirma en el Preámbulo que “ésta no debe estar fundamentalmente vinculada a consideraciones docentes, como hasta ahora, sino que la investigación deberá formar parte destacada de los criterios que determinen su financiación”, una vía que parece ser un intento de abrir una vía de financiación pública adicional para las universidades más investigadoras, si bien ”las cifras no son alentadoras… el 57,6% del PDI funcionario … tiene una actividad investigadora nula o casi inexistente” y “ es evidente que el panorama de la investigación en las universidades es manifiestamente mejorable” y se recuerda que no debe confundirse el número de trabajos realizados con la “calidad e importancia de las publicaciones” ni incluir en el capítulo de I+D+i lo que “no es propiamente investigación ni desarrollo” como viene haciéndose.

Finaliza el Preámbulo haciendo referencia a las consecuencias del Plan Bolonia, que “ha producido considerable fatiga y tensiones”, que deben paliarse y concluye recordando lo dicho por Ramón y Cajal “Hay pocos hombres que puedan ser cirujanos de sí mismos. El bisturí salvador debe ser manejado por otros”, en referencia a la dificultad para aceptar usos nuevos en las universidades.

 1-      Selección del PDI

“Una universidad vale…lo que vale el claustro de su PDI”.

Este es el apartado más concreto y elaborado del Informe, no en vano se le dedica el doble de extensión que a cualquier otra cuestión, alcanzándose un detalle excesivamente minucioso en ocasiones.

 Afirma el informe que las comisiones de selección deben “tener un alto nivel académico” y la selección debe “estar abierta a candidatos de cualquier nacionalidad”. Tras un análisis de lo establecido por la LOMLOU para el profesorado, el informe propone mantener lo existente para el profesorado no permanente y modificar el sistema de acreditación nacional para el profesorado permanente funcionario, al no ofrecer las garantías jurídicas ni académicas para seleccionar a los mejores.

Las medidas concretas propuestas son:

Profesorado no permanente: incrementar el número de plazas de profesores ayudantes “con una ocupación de plazas muy limitada en el tiempo y absolutamente improrrogable”, ajustar el perfil del profesor asociado a lo establecido en la LOMLOU, establecer profesores eméritos basándose en el perfil investigador “requiriendo al menos cuatro sexenios”, limitar la docencia de doctorandos y asimilados.

Este tipo de profesorado no es prácticamente objeto de comentarios por parte de la Comisión, aunque del Informe se deduce que iría en progresiva disminución.

PDI Permanente: se propone una doble vía de acceso, profesores titulares y catedráticos de universidad funcionarios (nacionales o europeos) o contratados (doctores nacionales o extranjeros). Los primeros accederían con un sistema similar al actual aunque modificado en lo que muchos han entendido como una vuelta hacia el antiguo modelo de habilitación (oposición) nacional (eliminando el proceso basado en documentación), perdiendo la ANECA – muy criticada a lo largo del Informe (“el sistema de acreditaciones de la ANECA se transformó enseguida en una simple condición para la promoción del acreditado en su propia universidad” … “ha acentuado la tradicional endogamia de las universidades” ….hay más de 5100 acreditados sin plaza lo que evidencia el absoluto colapso del sistema”) – sus competencias (acreditación pública nacional más concurso); los segundos serían contratados de forma directa e indefinida por la universidad entre los doctores que se presenten mediante un proceso que establecería cada universidad en uso de su autonomía y todo ello sin superar el margen del 49% establecido en la LOMLOU. En esta vía laboral, la Universidad establecería los rangos salariales y tendrían derechos similares a los de los funcionarios (sexenios, quinquenios, cargos académicos) y habrá una reserva del 1% para profesores extranjeros de reconocido prestigio.

La oferta de plazas de nuevo PDI funcionario será planificada en el tiempo – se propone limitar su número a algo más de lo necesario y eliminar la existencia de picos de plazas en las convocatorias – para que “exista una verdadera selección de candidatos” y tendrá carácter nacional en coordinación con las autonomías y las universidades, propuesta que sin duda plantearía problemas de articulación y no será del agrado de algunas de las primeras ni de las segundas.

Las comisiones tendrán cinco miembros seleccionados por sorteo que tendrán todos los sexenios “posibles” (a razón de uno por siete años) con un mínimo de dos. Los dos ejercicios  serán públicos y al segundo sólo acudirá un número de candidatos igual, como máximo, al doble de plazas.

Una vez pasado ese primer filtro, las universidades contratarán entre los acreditados – nuevos y anteriores – vía una comisión interna que hará entrevistas y pruebas entre los candidatos y formulará resolución razonada.

Los extranjeros podrán dar las clases en inglés y, en áreas no científicas, tendrán un periodo de tres años para darlas en español.

La contratación directa e indefinida laboral del PDI doctor seguirá reglas similares de publicidad, requisitos de comisiones etc. pero se gestionará directamente por las universidades y podrá estar orientada a lo que parece ser una nueva figura que es la de profesores de perfil exclusivamente investigador. Esta nueva vía laboral, pensada probablemente para facilitar la inserción de profesores con buena trayectoria provenientes del extranjero, será sin duda objeto de una fuerte polémica tanto en su relación con la más tradicional, como respecto al rigor seguido en su utilización, dada la tradición existente de utilizar cualquier atisbo de flexibilidad para finalidades muy diferentes a las que las originaron. Si esta vía fuese aprobada, creemos que convendría limitarla legalmente a aquellos profesores que tengan una larga trayectoria en el extranjero y otros casos excepcionales o, establecer otras condiciones que eviten su uso abusivo.

Otras recomendaciones:

Prevención de la endogamia: “Se recomienda impedir cualquier tipo de contratación de  un doctor propio” salvo que se haya formado también en otras instituciones de prestigio reconocido por un período no inferior a 36 meses.

Aquí parecen desconocer los sabios los diversos mecanismos de trueque que pueden convertir en ineficaz el requisito de los 36 meses.

Se recomienda también establecer “complementos salariales para el PDI ligados al rendimiento investigador en su conjunto (Centro, Departamento, Instituto, etc.) que incentive la selección de los mejores”, algo que sin duda puede ser muy interesante aunque probablemente convendría hacer un planteamiento de transformación de los complementos existentes en primera instancia e indicar también quién va a ser responsable de su financiación

Internacionalización de las convocatorias publicándolas en las webs de las universidades y del Ministerio.

Contratación permanente y “tenure tracks” (esta expresión inglesa como otras es la que se emplea en el informe): ofrecer contratos a doctores por un período de cinco años no ampliables ofreciendo la posibilidad de convertirlas en permanentes “si se cumplen las condiciones establecidas por la universidad, que deberían implicar un elevado nivel científico”  (las plazas del programa Ramón y Cajal se equipararían a esta modalidad).

Creación de cátedras con nombre o cátedras extraordinarias, habituales en las universidades anglosajonas y orientadas a promover el mecenazgo o la financiación por las empresas..

Sexenios: son la forma primera de medir la excelencia investigadora del PDI y mejorar su retribución, se propone no limitarlos a seis, darles mayor publicidad, abrirlos a todo el profesorado incluso laboral y de privadas, utilizarlos como criterio para que el profesorado pueda pertenecer a comisiones de elección y en la determinación de carga docente (más adelante se argumenta que la docencia es excelente si la investigación es excelente, pero los investigadores excelentes resulta que pueden acabar sin impartir docencia, lo que implica que la docencia va a ser impartida por el profesorado menos capacitado según la lógica propuesta), también será un criterio empleado para la cobertura de cargos académicos, etc.

No valoración de la gestión como mérito.

Posibilidad de que las universidades establezcan complementos propios para atraer el talento.

Programas de atracción del profesorado de excelencia para “evitar pérdida de personas de valía” y fomento de programas de internacionalización y movilidad del PDI

Rebajar las exigencias del régimen de incompatibilidades del PDI estableciendo también que las excedencias y comisiones de servicio estén limitadas a cinco años como máximo.

La poco concreta rebaja del régimen de incompatibilidades, ya de por si muy desigualmente aplicado, es también un punto que merece una mayor concreción.

Mejora en la eficacia y selección del PAS, evitando la PASificación del PDI. Se omite aquí mencionar que el ratio PAS/PDI es muy inferior al de las universidades anglosajonas que los autores tienen en mente y que algunas universidades asignan al PDI funciones y responsabilidades administrativas que son propias del PAS.

Con respecto a una posible desfuncionarización del PDI, el informe recomienda mantener la limitación del 49% del PDI contratado, aunque limitando el número de personal temporal.

Finalmente se propugna un cambio urgente en el actual baremo de acreditaciones de la Aneca, que se estima dudoso tanto desde el punto de vista académico como jurídico. El objetivo sería incrementar de forma muy significativa los puntos por méritos investigadores, reducir los de docencia y eliminar los de gestión y justificar de forma razonada las decisiones y con las debidas garantías para el candidato.

 2-      Evaluación de la calidad de las universidades

“La calidad de las universidades debe ser evaluada pública, externa y periódicamente…. Esa exigencia obligará a las universidades a ser mejores”.

En este segundo punto, nuevamente la comisión de expertos enlaza con su línea argumental pro-investigación ya que considera que la investigación es la que permitirá determinar la calidad de la universidad: “La calidad de la universidad se mide, sobre todo, por la calidad de la investigación que realiza”, considerando, además, que la investigación acumula conocimientos y, por tanto, mejora la docencia, pese a que como vimos en el punto anterior hay alguna incoherencia en la tesis buen investigador buen docente puesto que el buen investigador imparte cada vez menos docencia.

Aunque es innegable la relevancia de la investigación en las buenas universidades, reducir la buena docencia a buena investigación resulta extremo. Existen experiencias de evaluación rigurosa de la docencia en todos los niveles educativos – también en las universidades anglosajonas – y aquí los sabios han apostado por una simplificación que, por existir medios de evaluación de la docencia, no ayuda ni a la sociedad ni a los futuros estudiantes.

En materia de calidad, “La actual falta de información sobre la calidad… fomenta la creencia errónea de que lo mejor es tener la facultad… próxima … obviando que lo más importante no es el lugar donde se estudia, sino la calidad de la enseñanza” … “informar verazmente sobre la calidad de las universidades es una obligación que se tiene tanto con los estudiantes… como con la sociedad que las financia a través de sus impuestos”.

Por eso, el Informe considera, que, en línea con lo que se hace en otros países, se debe fomentar la movilidad estudiantil acompañándola de una política de becas y ayudas al estudio.

No podemos sino estar de acuerdo con que la información acerca de la calidad de las universidades debe ser pública, como forma de rendición de cuentas a la sociedad y para facilitar la elección de  Universidad a los estudiantes (en la línea de lo argumentado en los rankings, aunque respecto a éstos con las precauciones necesarias, conociendo claramente quién y qué se mide y cómo). Y todo ello sin caer en una evaluación muy burocrática y consumidora de unos recursos excesivos. Por otra parte también sería importante reflejar en esta información a los nuevos estudiantes los resultados de la selección en el acceso la actual “nota de corte” en los grados ya que inevitablemente se refleja en la calidad de los egresados con independencia de la calidad de la docencia impartida.

Entienden los sabios que la evaluación de la calidad de las universidades debe tener en cuenta esencialmente la investigación y la innovación, considerando que sería contraproducente considerar la docencia. En este sentido es lógico que hayan hecho referencia al ranking de Shanghai que esencialmente toma como referencia la investigación y la producción global. Esta es una opción muy discutible ya que muchos entendemos que  la universidad debe evaluarse como un todo, por sus prácticas investigadoras y sus prácticas docentes, sin olvidar que los estudiantes acuden a la universidad por su docencia. Sin embargo, en palabras de la comisión para valorar la calidad de la universidad “lo importante es identificar la investigación excepcional” teniendo en cuenta que “el número total de trabajos [de investigación] no es per se, una buena guía” y estima que la captación de fondos competitiva en un periodo de cuatro años puede ser una buen medida de calidad.

Como resultado de esta evaluación periódica se produciría una clasificación de universidades a medio plazo que sería la siguiente:

  • una decena de universidades de calidad, con alta exigencia para admitir estudiantes.
  •  un grupo de 20-25 universidades especializadas en algunas áreas de conocimiento
  • otras universidades con mayor énfasis en la enseñanza con algunos buenos departamentos investigadores.

El Informe considera que, en cierto modo, ya existen estas diferencias entre las universidades españolas, pero que conviene hacerlas públicas.

La metodología propuesta es evaluar la calidad de las universidades “cada cuatro años” mediante tres criterios:

Los rankings ya existentes (Shanghai, THE y QS), analizados en las páginas de este blog. El primer ranking tiene en cuenta esencialmente la investigación y se ven favorecidas las universidades grandes; los otros dos tienen en cuenta docencia e investigación y utilizan factores correctores que tienen en cuenta el tamaño de la institución. Omite aquí el Informe que buena parte de las universidades españolas no figuran en estos rankings y, por tanto, no podrían ser evaluadas según este criterio.

Los sexenios del PDI, dando nuevamente peso a la investigación.

Los fondos obtenidos en proyectos de investigación competitivos (las universidades más orientadas a las Humanidades se verán probablemente perjudicadas), unidos a otros criterios como patentes (nada se dice acerca de su comercialización útil, parece que lo importante es patentar no generar una invención útil), Parques (¿qué universidad carece hoy de Parque?), y otros criterios, que resultan bastante más dudosos.

Sorprende también que después de poner tanto énfasis en la calidad, los sabios propongan que la evaluación tenga lugar únicamente “cada cuatro años” cuando ellos mismos indican que los datos se pueden extraer de forma simple y con muy bajo coste. Según su propuesta podría estar dándose – a la sociedad y a los futuros estudiantes – datos de cómo fue una universidad cinco o seis años atrás, algo que a todas luces es desinformación.

Tras considerar estos valores, se clasificarían las universidades en grupos de cinco y en cada grupo por orden alfabético. Esta clasificación debería recibir la máxima publicidad.

La comisión realiza algunas recomendaciones más en este apartado: estimar  la empleabilidad de los egresados (aunque aquí también se omite que el entorno económico regional pesará mucho), crear una oficina específica para la evaluación (si va a trabajar solo cada cuatro años mejor no), especializar las universidades y evitar duplicidades de títulos y centros con  “racionalización de la oferta bajo criterios de mayor calidad y eficiencia”.

 3-      Gobierno de las universidades

El Informe propone un nuevo sistema de gobierno de las universidades para intentar hacerlo más ágil y eficaz – “los procesos [actuales] de toma de decisión son largos, costosos y poco eficientes” – con órganos de gobierno limitados en número y tamaño. También considera  necesario “mejorar y agilizar la rendición de cuentas y la profesionalidad de  la gestión”, evitando el “frecuente” corporativismo interno “difícilmente compatible con los intereses de la sociedad”.

Por eso, propone unos  órganos de dirección colegiados menos numerosos y abiertos a la participación de representantes externos a la universidad, a la vez que se profesionalice la gestión – no dice que se entiende por tal ni cómo lo va a lograr –  y que se reduzca la dedicación del PDI a tareas burocráticas y de gestión.

El rector. “Lo que las mejores universidades tienen en común es un rector con capacidad ejecutiva, con notable autonomía financiera y de contratación y que… responde ante la sociedad en su conjunto y no sólo ante los intereses de los colectivos internos de su propia universidad”. La Comisión deja claro que el rector será un académico y es la “máxima autoridad académica y ejecutiva de la universidad” y máximo responsable de la política docente y científica. Será designado por un nuevo órgano, el Consejo de la Universidad, por un período de cinco años renovables (frente a los cuatro actuales) y el cargo estará abierto a académicos de cualquier universidad (ahora tiene que ser de la propia) tanto españoles como extranjeros que deberán demostrar su excelencia (excelencia que se acredita, si han desarrollado su trabajo en España, con tres sexenios de investigación, nuevamente la investigación) en un proceso de selección de personal abierto al estilo anglosajón (anuncio internacional de búsqueda de candidatos). El Rector con “plenas funciones ejecutivas” nombra a su equipo (vicerrectores, Secretario General), a los decanos y directores de centros, facultades y escuelas (todos estos tras oír a los directores de los departamentos de dichos centros).

El rector se convierte en este planteamiento en un auténtico Presidente con amplísimos poderes ejecutivos y sometido a muy escasos contrapoderes y controles efectivos, excepto como veremos más adelante el de su Comunidad Autónoma vía su relevante peso en la designación de miembros del Consejo de la Universidad, algo que sin duda será eficaz y operativo pero que no está exento de graves riesgos.

El Consejo de la Universidad. El cambio más importante propuesto por la Comisión es la creación de este órgano en sustitución del Consejo de Gobierno y del Consejo Social. Seguiría un modelo similar al de los Consejos de Administración en el mundo mercantil en cuanto a funciones y número de miembros pero tendría un procedimiento de elección de sus integrantes especial. Elegiría al Rector (ahora lo elige el Claustro o se elige por votación ponderada por la comunidad universitaria). Tendría un máximo de 21-25 miembros como máximo que se renovarían cada cinco años con opción a una renovación; además de elegir al rector, controlaría su gestión, aprobando o no su informe de gestión anual, y la de los decanos y directores de centros, aprobaría los presupuestos, obtendría financiación externa y nombraría al Gerente (sus funciones, presencia en órganos, rendición de cuentas, etc. no son objeto de ninguna mención) a propuesta del Rector. Estaría formado mayoritariamente por académicos elegidos mediante un mecanismo de elección de tercer grado restringido puesto que el 50% de los miembros los elegirá el Claustro de la universidad entre los profesores con más de dos sexenios vivos, con una mayoría “muy importante” de PDI (con la presencia de al menos un estudiante y un pas);  otro 25% la comunidad autónoma entre personas de reconocido prestigio profesional o académico – “sin cuotas de ningún tipo” – y el 25% deberán acordarse entre los dos grupos anteriores entre personas de especial prestigio internacional. La pertenencia al Consejo será incompatible con tener o haber tenido algún cargo político, empresarial o sindical en cualquier ámbito dentro de los cuatro años anteriores. Hay varios aspectos curiosos y aparentemente contradictorios en esta propuesta:

  • ¿Cómo se va a asegurar la participación efectiva y eficaz de los miembros no académicos de este órgano? La experiencia de los Consejos Sociales no se comenta perro no parece que este órgano haya sido valorada positivamente como medio de vinculación de la universidad con la sociedad y no hay análisis al respecto en el Informe pese a que es evidente que habría que aprender de ella.
  • Pese a que el Informe destaca la enorme importancia de este nuevo órgano se aprecia un recorte significativo respecto a las funciones que desempañaban anteriormente C. Social y de Gobierno.
  • Aunque se haya insistido previamente en que la universidad se debe a la sociedad y se ha señalado la existencia de conflictos de intereses en su actuación, se asigna la mayoría a una parte de los académicos (requisito de mínimo de dos sexenios) en su órgano principal de poder.
  • Hay un sorprendente ingenuidad o despiste en los sabios” al proponer la elección “sin cuotas” de miembros por las CCAA. Toda la experiencia existente en este tipo de órganos muestra que hay  cuotas de partida y de facción y que la elección de los representantes se hace por factores ajenos al prestigio profesional o académico.    También puede resultar ingenuo no haber previsto que haya dificultades en la designación del 25% de miembros que debe “pactarse” pese a la larga experiencia de dificultades existente en este tipo de designaciones.
  • Los ejecutivos de las CCAA van a gozar en la práctica de una minoría de bloqueo – designarían un 37,5% de los miembros del Consejo – sin cuyo asentimiento va a ser muy difícil trabajar para cualquier rector. Una fórmula de designación que no diera ese poder al ejecutivo autonómico de turno y que en cambio facilitase la presencia real de la sociedad en el Consejo sería mucho más oportuna.
  • Excluir a ciertos colectivos hoy desacreditados como sugieren los sabios es sin duda muy popular en estos momentos, pero imaginar que un político, un empresario o un sindicalista no pueden aportar nada a la universidad en los cuatro años siguientes al desempeño de un cargo es una muestra de fundamentalismos antipolítico y no va a contribuir ciertamente a acercar a esos colectivos a los problemas reales. Esto resulta tanto más sorprendente cuando, en cambio, no se plantean esas mismas restricciones para el rector o su equipo. Tan grave puede resultar la politización o sindicalización o la influencia de empresas en un Consejo como la existencia de un rector o un equipo rectoral politizados, pero, el Informe parece preocuparse únicamente por la primera. En el modelo propuesto podría darse el caso de que un Consejo no “contaminado” – sin miembros que hayan ocupado cargos políticos en los últimos cuatro años – eligiese a un rector “político” pese a que parece que se pretende a toda costa evitar esa posibilidad.

El Claustro. Sería un “órgano consultivo” integrado por un máximo de 60 o 70 miembros), de los cuales un 80% de PDI, un 10% de alumnos y otro 10% de PAS. En general, se recomienda que todos los órganos (juntas de facultad, etcétera) “tengan un número reducido”. El claustro se constituiría por períodos de cinco años. Visto que se trata de un órgano meramente consultivo no cabe augurar que tenga relevancia real alguna.

Otros órganos universitarios: se mantienen las juntas de centro y consejos de departamento con la recomendación de que las juntas de centro tengan carácter reducido (25 miembros máximo) y formados por 75% PDI, 15% estudiantes, 10% PAS. Se mantiene el modelo de Departamento establecido en la LOMLOU (docente e investigador) aunque se recomienda que los departamentos tengan un tamaño mayor que el actual. Se propone el mantenimiento de los institutos universitarios con una financiación acorde a su calidad investigadora.

Nuevamente la comisión resalta la necesidad de que los procesos de selección sean públicos, para lo cual recomienda publicar los CV completos de los diferentes cargos y miembros de órganos de gobierno, algo que no cabe sino alabar.

Como hemos visto, la Comisión propone cambios muy significativos en el gobierno de las universidades , cambios que, como hemos comentado en otras ocasiones en nuestro blog, no serán compartidos por todos. Algunos considerarán que supondrá una pérdida de democracia, o de su cuota de poder actual, y defenderán el sistema de “antiguo régimen” vigente con sus “tres estados” y unas límitadísimas posibilidades de promover cambios internos reales y acercarse a las necesidades de la sociedad. Otros pensamos que, si se asegura una participación efectiva de la sociedad en los Consejos de Universidad – algo que parece casi imposible a la vista de la forma de elección de sus integrantes propuesta y de la dejación de funciones apreciada en muchos miembros de los Consejos Sociales y de los Consejos de Gobierno hasta la fecha –  ésta puede ser una buena vía que asegure la participación de la sociedad y de los diferentes estamentos universitarios en la gestión universitaria  lo que unido a una profesionalización real de la gestión, facilitaría una toma de decisiones más rápida y eficaz que permitiría mejorar rápidamente nuestras universidades.

 4-      Financiación de las universidades

Señala el Informe que “para competir con las grandes universidades”… es preciso “realizar serias reformas estructurales” y también “mejorar su financiación”, que “haya mínimos que garanticen su buen funcionamiento” y que es preciso “diversificar las fuentes de financiación” Afirma que “Dado el alto porcentaje de fondos públicos que perciben las universidades públicas españolas, su previsible evolución apunta al incremento de los recursos privados,”, lo que plantea la cuestión del importe de las matrículas, sin que en esta cuestión crucial haya pronunciamiento de los sabios – aquí no han deseado entrar en detalle – si bien indirectamente señalan algo que ya ha sido destacado en todos los estudios nacionales e internacionales sobre educación superior y es que “España tiene un sistema de becas y ayudas al estudio muy deficiente”.

En materia de financiación entiende la Comisión que no se “ha prestado la atención debida a la actividad del I+D+i y a la formación de postgrado”, lo que habría contribuido a una “política universitaria de I+D débil e insuficiente”, que las universidades carecen de una unidad “específica dedicada a este fin [captar fondos]”, que la rigidez en la adopción de decisiones complica o impide avanzar, existiendo además una “regulación excesiva”, lo que se agrava por la “escasa operatividad de las OTRI”. A partir de todo ello, apuestan por “el establecimiento de niveles adecuados de autonomía, en especial financiera, en la gestión de recursos humanos y en el gobierno de las universidades” – algo que sin duda es operativo en el mundo universitario anglosajón o en el de los países escandinavos pero que  contrasta manifiestamente con la tónica de rigor normativo – a veces irracional amén de poco eficiente – e irresponsabilidad (en el sentido de no consecuencias) en la gestión a las que estamos acostumbrados en el mundo público y universitario español. También propone la comisión que “un reducido conjunto de proyectos… capaces de competir en el ámbito internacional” concentren “una parte de la financiación estatal disponible, con el decidido objetivo de impulsar y apoyar la excelencia asegurando su sostenibilidad”.   

Al abordar más concretamente sus propuesta en materia de financiación los sabios las agrupan en cuatro apartados: dimensión del SUE, mejor conocimiento de los costes y del valor de los servicios prestados, necesidad de una financiación pública, sostenible y estable y mejora de becas y diversificación de ingresos.

Dimensión del SUE

“Redimensionar adecuadamente el sistema universitario español [SUE] … es… difícil de abordar”. Al respecto los sabios proponen:

  • Que el Ministerio revise la oferta universitaria por áreas (Salud, Ciencias etc…) teniendo en cuenta las necesidades profesionales previstas a medio plazo en cada sector y teniendo en cuenta también la oferta de las universidades privadas
  • Que el Ministerio adopta medidas para que un pequeños grupo de universidades puedan competir internacionalmente (modelo CEI con menos intervinientes y más fondos)
  • Que las CCAA revisen sus ofertas universitarias y el equilibrio con la demanda, la su calidad y su adecuación a objetivos estratégicos

Mejor conocimiento de los costes y del valor de los servicios prestados

“El establecimiento de sistemas de contabilidad analítica desincentiva el incremento de costes directos (personal y equipos) y evita financiar ineficiencias” y sirve “para conocer los costes reales” y “poder tomar decisiones en consecuencia”… “La falta de información fiable… fomenta la falta de equidad”… “los precios de los servicios pagados… están muy lejos de cubrir su coste”. En consecuencia se propone que  las CCAA promuevan instrumentos de contabilidad analítica que permitan valorar los servicios generados, con repercusión en su financiación (entendemos que en sus precios o en los fondos obtenidos) y que el Ministerio de publicidad a indicadores de los resultados de las universidades.

Es de destacar que, aunque se aprecie sólo muy levemente, el uso de la contabilidad analítica que propugnan los sabios es el de una contabilidad de uso interno, algo que contrasta con el enfoque dirigista aplicado hasta la fecha por los sucesivos Ministerios que era más bien de información y control externo por CCAA y Ministerio y sin publicidad a terceros. Este es, en nuestra opinión, un pequeño paso adelante, coherente con la lógica de autonomía y responsabilidad universitaria que se defiende en el Informe, sin perjuicio de que se hace preciso reforzar la “accountability” o rendición de cuentas de las universidades por otras vías. Respecto a este aspecto de rendición de cuentas se echa de menos que no se haya mencionado siquiera unos mínimos de información que éstas debieran hacer públicas de forma clara y en lugar visible en sus webs en línea con lo indicado en nuestra entrada “Transparencia en universidades públicas: manifiestamente mejorable en muchos casos“. Ni tan siquiera se propone que el Ministerio publique en web y difunda de forma efectiva entre los futuros estudiantes universitarios una selección de los indicadores de calidad más relevantes ya disponibles actualmente.

Por otra parte, lamentamos que no se haya hecho aquí alguna referencia concreta a la determinación de precios en los proyectos artículo 83 o a la asignación interna de los importes recibidos por las universidades en concepto de costes indirectos de sus proyectos de investigación. Estos últimos son globalmente (hay matices por disciplinas) superiores a los fijados en las subvenciones competitivas públicas nacionales y en las normas presupuestarias universitarias, y esto tiene como resultado una progresiva y peligrosa descapitalización de las universidades públicas tal y como reiteradamente ponen de manifiesto las estudios de organismos con tanta experiencia como la EUA o HEFCE (universidades británicas).

Financiación pública, sostenible y estable

Señala el informe que “el gasto medio por estudiante universitario en España es …superior… al promedio de la OCDE” pero, afirma, “ello no significa que el sistema universitario esté bien financiado en su conjunto”. Sus propuestas –ninguna de ellas revolucionaria aunque distemos mucho de que sean realidad en nuestro entorno- son:

  • Estudiar “la conveniencia de que las competencias sobre investigación pasen a depender del Ministerio…”,  propuesta que no fundamenta pero con la que  coincidimos puesto que fragmentar la política de investigación no parece una opción que conduzca a ninguna parte excepto al despilfarro de los escasos recursos disponibles.
  • Mantener el objetivo de destinar el 3% del PIB a educación superior. Auténtico brindis al sol y más en los momentos actuales. Cabía esperar que los sabios dijeran algo más sobre quién y cómo se llega a ese 3%.
  • Vincular progresivamente la financiación pública no a sus costes estructurales sino a su demanda efectiva.
  • Potenciar contratos-programas y planes de financiación plurianuales (el tipo de compromiso que las CCAA temen en estos momentos).

Se omite cualquier referencia a los programas de financiación plurianual del gasto corriente ligados a objetivos de docencia e investigación que en la última década fueron implementados en diversas CCAA, a sus resultados y a los problemas que encontraron, en particular por el mantenimiento de mínimos garantizados (ver nuestra entradaPresupuestos y Modelo de Financiación para las universidades madrileñas en la que analizamos el total fracaso del contrato-programa de la Comunidad de Madrid por esta causa).

  • Realizar evaluaciones periódicas externas de calidad que integrarían la captación exterior de fondos y la internacionalización como criterios de calidad que deberían tener repercusión en la financiación de las CCAA
  • Vincular financiación a empleabilidad de egresados (quid del efecto entorno regional)
  • Impulsar programas nacionales competitivos de investigación
  • Establecer normas de permanencia de estudiantes (excepto para quienes trabajan o supuestos de maternidad, hijos pequeños…)

Mejora de becas y diversificación de ingresos

Parten los sabios de que “las cuantías de las matrículas y las tasas es un punto que debe debatirse, acordarse y resolverse en el seno de las CCAA” , algo que sin duda podría decirse también de gran parte de lo dicho hasta aquí y de lo que sigue pero que no ha impedido en otros casos que los sabios se pronuncien, y recuerdan que es preciso garantizar “previamente un sistema de becas y préstamos adecuado”. Nada se indica sobre los graves riesgos derivados de una divergencia notable de precios entre distintas CCAA como ya indicábamos en nuestra entrada “Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2012-2013“, tampoco acerca de la negativa de algunas CCAA a complementar la diferencia de importe respecto a la beca nacional incumpliendo la normativa fijada la primavera pasada y dando al traste con cualquier noción efectiva de “distrito único”. Todo ello en nombre de unos estudios de costes reales inexistentes y atentando al principio constitucional de igualdad.

Las propuestas del Informe – muy generales y sin detalle de quién hace qué y cómo y en qué cuantía se financian y qué efectos o resultados concretos se esperan – son:

  • Impulsar una nueva Ley del mecenazgo para facilitar la financiación de la investigación
  • Incrementar los fondos públicos en becas y ayudas, también para Máster y doctorado con el principio de concesión de la ayuda en base a situación económica del beneficiario y mantenimiento de la misma en base a rendimiento académico.
  • Desarrollar un esquema de becas y ayudas estable y comprensible evitando multiplicidad y superposición de convocatorias vía estado, CCAA y universidades.
  • Potenciar las becas de movilidad nacional e internacional y desarrollar con entidades financieras las becas-préstamo
  • Financiar adecuadamente los programas de doctorado que sean bien evaluados
  • Fomentar las alianzas de grupos de excelencia en áreas afines, los CEI y las escuelas de postgrado y de doctorado
  • Incrementar la tasa de costes indirectos (“overheads”) en los proyectos públicos nacionales. Nada dicen los sabios sobre su asignación interna, punto comentado anteriormente, pese a que esta cuestión es de gran relevancia para evitar que la universidad se descapitalice al incrementar su actividad de investigación.
  • Simplificar (¿en qué?) la normativa que regula la firma de acuerdos con el sector privado
  • Tener en cuenta los ingresos previstos como criterio en la aprobación de nuevas titulaciones
  • Potenciar la presencia de representantes de empresas en los órganos universitarios (algo que entra parcialmente en contradicción con las restricciones previstas para los miembros del Consejo de Universidad ya comentadas).

Sorprende también que en materia de rendición de cuentas, prácticamente no se diga nada.

 5-      Estudios y títulos universitarios

Según el Informe, el sistema actual de títulos es claramente ineficiente y hay una oferta de títulos excesiva, “existen unos excedentes de oferta” (según datos de octubre de 2012: 2.541 grados universitarios, 3.292 másteres y 1.751 doctorados, sumando las 50 universidades públicas y las 31 privadas), a lo cual se une un número bajo de estudiantes en algunas titulaciones, no existiendo ninguna planificación por parte de las Universidades, Consejos Sociales y Comunidades Autónomas (ni, cabe añadir, iniciativa desde el Ministerio). “Hay pues, como afirma el propio informe de la CRUE, “una elevada carga de subactividad y unos costes medios por unidad de servicio docente que pueden llegar a ser notoriamente ineficientes”.

En línea con lo recogido en los puntos anteriores, los sabios inciden en que el sistema universitario “insista más en la calidad que en la cantidad así como en la especialización de las universidades”, fuera de la comodidad del modelo generalista, y plantean la necesidad de fomentar la movilidad estudiantil y revitalizar el distrito único con un adecuado programa de becas.

A continuación, el informe aborda uno de los temas más controvertidos: la implantación de Bolonia en España. Considera que tanto la implantación de Bolonia como el modelo elegido (4 años de grado + 1 año de máster, en lugar de 3 de grado + 2 de máster) han generado tensiones en las Universidades en su implantación y disfunciones al compararse con Europa (que mayoritariamente ha optado por el modelo 3+2), dificultando la movilidad de los estudiantes. La vuelta atrás, opinan, no parece una solución razonable, dado que generaría todavía más tensión en las universidades aunque, simultáneamente afirman, sin anticipar los problemas que pueden derivarse de ello, que “ambos modelos podrían convivir y ser utilizados por las universidades, si así lo desearan”. Compartimos con los expertos la necesidad de evaluar los resultados de la implantación de Bolonia, así como una revisión de los títulos y las competencias del grado y del máster, pero creemos que no debe omitirse que las opciones tomadas y las disfuncionalidades en los planes docentes fueron frecuentemente el resultado de las presiones internas para asegurar la carga docente, algo que peligraba seriamente si se pasaba a un modelo 3+2 y se incrementaban las matrículas de másteres. Tampoco han sido ajenas a estas decisiones las presiones más o menos justificadas de algunos colegios profesionales. Por otra parte, Bolonia propone unas metodologías docentes que convendría determinar si se están aplicando o solamente se ha maquillado la docencia tradicional; por otra parte sigue abierto el debate sobre los tamaños de los grupos, el valor de las tutorías o el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia, además de si Bolonia ha supuesto una mayor carga de trabajo para los docentes, un incremento desmedido de la burocracia.

Pero no olvidemos que, lo importante, es conocer los resultados en los alumnos: las habilidades y competencias adquiridas, sus conocimientos y, en definitiva, su empleabilidad. En este sentido echamos de menos que los expertos no planteen claramente la necesidad de implantar evaluaciones de la empleabilidad de los alumnos o incluso de las metodologías docentes, probablemente porque están preocupados por la investigación. No apostamos por exámenes en la línea de las famosas reválidas que están tan de moda en la LOMCE, pero sí por pruebas en la línea de PISA, además de la posible implantación de un “pasaporte de habilidades profesionales” que el alumno obtendría al finalizar su titulación y que no sería incompatible con el máster. Y todo ello sin menosprecio de la habilitación profesional que este máster (integrado o no en el grado) aportaría. En esta línea, quizás la presencia de algún representante más del mundo no académico y de académicos con mayor experiencia directa en la gestión hubiese aportado una visión complementaria a los expertos.

Otra deficiencia del sistema universitario que plantea el informe es la insuficiente presencia de alumnos extranjeros  (no hay que olvidar que en los rankings uno de los ítems utilizados es la internacionalización del alumnado) que ven el acceso al SU español poco atractivo por la “debilidad del sistema universitario español en los rankings internacionales”, así como la existencia de pruebas de acceso.

Seguimos por tanto trazando el cambio para que algunas universidades mejoren en los rankings: más investigación, más profesorado y alumnos extranjeros.

Los sabios realizan también una serie de recomendaciones sobre la oferta de títulos y del tamaño del SUE: mantener el sistema actual de registro de títulos estableciendo un sistema nacional de registro de títulos en colaboración con las Comunidades Autónomas; simplificación del sistema actual de acreditación de títulos por la ANECA; “reflexionar seriamente sobre la dimensión adecuada” … “y favorecer su reducción, reorganización o, en su caso, su fraccionamiento”; también invitan a las universidades a reflexionar sobre su dimensión y su estructura de centros y reorganizarlos si es necesario; reconducir el número elevado de títulos (determinando el número mínimo y/o adecuado de alumnos para cada titulación de acuerdo con las CCAA). Este último punto es ligeramente confuso, probablemente porque los expertos puedan temer reacciones no muy favorables. Parece que quieren decir que hay que limitar el número de títulos a través del establecimiento de un número mínimo de alumnos (y de la especialización de universidades ya comentada), pero las excepciones y matices señalados son tantos que al final nos tememos que no habrá ningún límite. Una vez más estamos en la dualidad servicio frente a rentabilidad social, económica y profesional.

Otra recomendación es el establecimiento de alianzas entre universidades para el desarrollo de la docencia compartida, ofreciendo como referencia el Campus de Excelencia Internacional. Creemos que es una buena recomendación y, de hecho, echamos de menos una mayor presencia en el informe de las alianzas entre universidades tanto en la docencia como en la investigación.

Igualmente se propone favorecer la formación interdisciplinar; mejorar en el conocimiento y desarrollo de la empleabilidad de los estudiantes e incluir créditos de humanidades particularmente en el postgrado.

Hay también recomendaciones sobre universidades, títulos, empresas y su acreditación, destacando conseguir y mantener la acreditación internacional de los títulos; dado el valor que tienen los títulos propios, las universidades se deberían situar como referencia en la formación continua (ofreciendo títulos en la red); incrementar la colaboración universidad-empresa (vías de comunicación con la empresa; incorporar a algún profesional de prestigio – “cuando  proceda” limitan los sabios –  a las comisiones encargadas del diseño de planes de estudio; prácticas en empresa; impulso a los asociados; cátedras extraordinarias; creación de parques científicos y tecnológicos), entre otros.

Para incrementar el número de estudiantes extranjeros se propone la impartición de docencia en inglés, facilitar la consecución de visados, limitar los requisitos académicos a los del país de origen, aplicar precios de matrícula que se aproximen al coste real (sorprende la insistencia en el coste real en tantos documentos y normas cuando se es consciente de que se desconocen), así como promover el uso de nuevas tecnologías en la docencia (Internet), algo que nos parece asombroso que sea necesario recomendar en los tiempos actuales.

En cuanto al doctorado, “elemento esencial para acreditar la calidad”, se menciona que se debe avanzar  “reduciendo su número y promoviendo los doctorados de excelencia”; incentivar la realización de doctorados en la empresa; potenciar e incentivar programas de doctorado competitivo (utilizando para ello el CEI); creación de las Escuelas de Doctorado; establecimiento de becas específicas para el máster de 1 o 2 años; dar parte de la docencia en inglés; establecer criterios específicos de admisión para incorporar los mejores estudiantes de doctorado nacionales o extranjeros; simplificar la burocracia.

Finaliza el informe con comentarios sobre el Bachillerato y la FP, aunque reconoce que queda fuera de su ámbito. En este sentido se preocupa del nivel insuficiente de los alumnos de bachillerato en general y del idioma inglés en particular, destaca la necesidad de promover la cultura del esfuerzo y el mérito y la necesidad de apostar por la FP como vía alternativa a la Universidad, siendo necesario “dignificarla socialmente” y ”dotarla de más medios” e insistiendo en el acceso a la Universidad desde la FP de grado superior.

Nos parece que el informe debería, bien complementarse, bien ampliarse en sus recomendaciones sobre el Bachillerato y la FP. No son hechos aislados en la vida de los estudiantes. La Universidad no se comprende sin el bachillerato e, incluso, la educación secundaria, y, desde luego, no se puede dejar fuera de juego la FP. Es más echamos de menos también alguna referencia al acceso a la Universidad, que se está debatiendo en estos momentos en los que se está modificando la legislación de la educación preuniversitaria (LOMCE).

En conclusión, estamos ante un valioso documento, valiente y bienintencionado, que ofrece un buen diagnóstico de los problemas de las universidades públicas españolas y que formula  propuestas interesantes e innovadoras de mejora.

Sin embargo, observamos bastantes omisiones y una cierta ingenuidad en las propuestas relativas a la selección del PDI laboral, la participación de la sociedad en los órganos de decisión universitarios, el peso atribuido a las CCAA en la designación de representantes en los mismos, la valoración de la docencia en la evaluación de la calidad y en el tratamiento de la financiación.

Esperamos que este Informe sea un buen punto de partida para un amplio debate en nuestra sociedad – no sólo en algunos círculos universitarios – acerca de nuestro futuro colectivo. Aunque nos queda la incertidumbre de si el Ministro Wert, dedicado a la reforma de la educación no universitaria y su tan comentada LOMCE, encontrará el tiempo necesario para prestar atención a  la reforma universitaria en los próximos meses.

 Tomás Gómez – Xavier Puente

19 de febrero de 2013

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